El gobierno federal admitió ante el relator especial de la Organización de Naciones Unidas (ONU) sobre Tortura, Juan E. Méndez, el aumento de casi 40 por ciento en las quejas por violaciones a los derechos humanos en centros penitenciarios. El indicador es del año pasado, comparado con 2012.

En uno de los encuentros con el relator, los funcionarios dieron por válidos los reportes de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de que hay una disminución de quejas de agresiones, cuya autoría se adjudica a militares, marinos y policías federales, no así de violaciones cometidas en cárceles.

El relator recibió los informes y tomó nota de las exposiciones de los funcionarios sobre la preocupación por el avance de estas prácticas en perjuicio de procesados y sentenciados.

Hay un aumento importante (de las violaciones a los derechos humanos) en centros penitenciarios que es necesario admitir y atender. Un aporte fundamental en este renglón son los informes de la CNDH, expresó un alto funcionario de Gobernación tras el encuentro con Méndez.

A diferencia de episodios en los dos sexenios anteriores, cuando se cuestionaba de manera parcial o total informes de organismos de derechos humanos, las fuentes consultadas dijeron que no se puede descalificar el trabajo de un organismo autónomo como la CNDH.

Falta de atención médica

Así como fue muy buena noticia la importante reducción de quejas adjudicadas a las fuerzas federales, también nos preocupa lo que ocurre en los centros penitenciarios (donde además de la tortura se han documentado maltratos como falta de atención médica y abuso de autoridad), agregaron las fuentes consultadas.

Un reporte de la CNDH indica que en 2011 recibió 42 quejas por violaciones a los derechos humanos por fuerzas federales (relacionados con la tortura); un año después 20, y en 2013 cuatro.

Se expuso (ante el relator) que en el caso del órgano administrativo desconcentrado de readaptación social las quejas (por violaciones a los derechos humanos) han aumentado 38 por ciento. No se trata de ninguna opinión, sino de datos concretos, indicó un asistente a la cita con el representante de la ONU.

Por la Secretaría de Gobernación entregaron informes al relator los responsables de las subsecretarías de Derechos Humanos, Lía Limón; Prevención y Atención Ciudadana, Roberto Campa, y de Población, Migración y Asuntos Religiosos, Mercedes Guillén.

También informó del tema el comisionado nacional de seguridad, Monte Alejandro Rubido, así como la titular del secretariado ejecutivo para la implementación de la reforma de justicia penal, María de los Ángeles Fromow.

El encuentro con los funcionarios de la dependencia que encabeza Miguel Angel Osorio Chong duró poco más de dos horas; ahí se habló de los cambios legales de 2011 a la fecha (como el Código de Procedimientos Penales), así como la suscripción y el cumplimiento de recomendaciones relacionadas con tratados internacionales.