La comisión especial para indagar el funcionamiento de las instancias del gobierno federal relacionadas con el otorgamiento de permisos para juegos y sorteos concluyó que es necesario elaborar una nueva iniciativa de ley que controle de manera eficiente la operación, supervisión y regulación de los casinos en México.

El órgano legislativo, que denunció la opacidad y los innumerables actos de corrupción cometidos durante los gobiernos panistas de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa, considera que una nueva legislación –la cual sustituiría a la implementada en 1947 por el entonces presidente Miguel Alemán Valdés– debe distinguir de manera tácita y explícita los juegos y sorteos que se realizan en casinos a los de la Lotería Nacional y Pronósticos Deportivos. Estas dos instancias, dependientes de la administración federal, deberán regirse por otro ordenamiento.

Ricardo Mejía Berdeja, quien encabezó hasta el pasado mes el grupo de trabajo especial en la Cámara de Diputados, sostuvo que existe coincidencia con la Secretaría de Gobernación y las dependencias del gobierno federal que tienen vínculos con el tema, para impulsar la construcción legal de una nueva ley que ordene los juegos y sorteos en México.

El vicecoordinador del partido Movimiento Ciudadano recordó que a septiembre de 2013 todavía existían en el país 50 casinos operando de forma irregular. Y a la fecha, la Secretaría de Gobernación, a través de la directora general de juegos y sorteos de esa dependencia, Marcela González Salas, ha confirmado que el número de esos establecimientos que operan tras los bastidores de la ley se ha reducido considerablemente hasta el mínimo.

Así, después de haber organizado tres foros en distintas ciudades del país, la comisión especial para vigilar los permisos de juegos y sorteos pretende que la nueva ley –en caso de ser consensuada– deberá contener plazos de duración de los permisos, con el término específico de éstos.

Hasta ahora, en la actual legislación las obligaciones de los permisionarios son mínimas, por lo que se propone elaborar un catálogo específico sobre sus responsabilidades.

La nueva ley también contendría un procedimiento de arbitraje en caso de que las partes no diriman sus diferencias mediante el procedimiento de conciliación. Pero también se podría solicitar la revisión de las determinaciones de las autoridades, haciendo procedente el recurso contra éstas, específicamente contra la Secretaría de Gobernación.

En el ámbito de la prevención de las adicciones, una nueva legislación tendría que incluir un paquete de medidas para prevenir y tratar de evitar la adicción compulsiva al juego (ludopatía).

Una de las actividades donde se ha detectado descuido creciente es la certificación de las máquinas tragamonedas, y los mecanismos y equipo electrónico que se utilizan en juegos con apuestas. La reingeniería legal implicaría la responsabilidad de los permisionarios para que garanticen el pago de premios. Incluso previendo que ocurriera algún abuso, el ciudadano que ganara participando en un juego deberá tener garantizado su pago en plazos.

La instalación de los centros de juegos y apuestas no deberán instalarse cerca de escuelas, centros de culto, hospitales o lugares de interés público.

De las propuestas que se vertieron en los tres foros citados sobresalen la que obligaría a que todas las operaciones se realicen con pesos mexicanos. Los permisos para organizar juegos y sorteos serán intransferibles y se requerirá de registros de ganadores, permisos, permisionarios, prestadores y proveedores de servicios, e incluso de equipos y sistemas autorizados para operar juegos con apuestas y sorteos. Sobresale la propuesta para construir un esquema infranqueable de penas y multas.