a Patrulla Fronteriza de Estados Unidos detuvo ayer, en dos operativos distintos, a un total de 212 migrantes indocumentados que se encontraban refugiados en campamentos precarios en los alrededores de McAllen, Texas, en lo que puede verse como una intensificación de la política persecutoria en contra de los trabajadores extranjeros en ese país.

Las detenciones de los que resultaron ser, en su mayoría, ciudadanos de Honduras, El Salvador y Guatemala, fueron realizadas mientras el presidente Barack Obama, en un mensaje con motivo de la Pascua, llamaba a la sociedad de su país a seguir el ejemplo de Cristo al amar a Dios y al prójimo.

Por otra parte, las redadas tienen como telón de fondo la disputa entre demócratas y republicanos, quienes se acusan mutuamente de obstaculizar la aprobación en el Capitolio de una reforma migratoria que permita ostentar una regularidad reglamentaria a millones de extranjeros indocumentados que, hoy por hoy y desde hace muchos años, son víctimas de una persecución policial implacable e injusta en el país que se reclama como tierra de libertades y derechos humanos.

Desde luego, las modificaciones legales son el marco idóneo para hacer efectivos los derechos básicos de esos trabajadores extranjeros, dejar atrás las redadas en su contra, poner fin a las brutales persecuciones policiacas contra los recién llegados y aliviar, de esa forma, las circunstancias inhumanas y peligrosas en las que se ven obligados a viajar y a subsistir millones de mexicanos y latinoamericanos. Sin embargo, ante la cercanía de las elecciones legislativas de medio periodo –a realizarse en noviembre próximo– muchos integrantes de la clase política dan ya por descartada la posibilidad de que tales reformas logren su aprobación en lo que queda de este año.

En todo caso, la reforma migratoria es necesaria, pero no es indispensable para humanizar mínimamente las condiciones que debe enfrentar el flujo migratorio hacia el país del norte. Bastaría, para ello, con que Obama recurriera a sus atribuciones constitucionales para atenuar el sufrimiento de los migrantes y ordenara aplicar leyes existentes en forma más moderada y apegada al respeto de los derechos humanos universales que, en Estados Unidos, también son ley imperativa.

Es significativo a este respecto que, con la misma legislación migratoria que la que regía durante administraciones anteriores, el gobierno de Obama haya realizado más deportaciones que cualquiera de sus antecesores y que durante sus mandatos se haya registrado el mayor número de familias separadas a consecuencia de esta práctica. Se calcula que más de 5 mil 100 niños estadunidenses por nacimiento han sido enviados a orfanatos tras la deportación de sus padres indocumentados. Otro hecho relevante es que las leyes migratorias se aplican con mucha mayor severidad en contra de latinoamericanos que en contra de europeos, asiáticos y africanos. Un tercer elemento a considerar es que, en el contexto de las leyes actuales, el gobierno de Washington podría conceder la residencia permanente a unos 2 millones de inmigrantes sin que se requiera, para ello, de acción alguna por parte del Legislativo.

En suma, más allá de las inciertas perspectivas de una reforma legal que reoriente en forma integral las políticas de Estado racistas y xenófobas, es claro que la Casa Blanca no tiene la voluntad política requerida para mejorar las condiciones que deben enfrentar los trabajadores extranjeros en Estados Unidos. Por el contrario, durante la administración de Obama se ha acentuado la tendencia oficial a criminalizarlos y a perseguirlos como si fueran peligrosos delincuentes.

En tal circunstancia, los gobiernos de América Latina –y el de México, en primer lugar– deben alzar la voz para exigir un trato digno, justo y legal a sus ciudadanos en Estados Unidos. En tanto no adopten una actitud semejante, sus propósitos de defensa de sus ciudadanos que se internan por territorio estadunidense en busca de trabajo parecerán tan falsos e hipócritas como las promesas del propio Obama de concretar una reforma migratoria.