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Denuncia irregularidades en el uso de testigos protegidos

Investiga la PGR a Morales y García Luna, afirma Javier Herrera Valles
 
Periódico La Jornada
Sábado 19 de abril de 2014, p. 7

El ex coordinador de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF) Javier Herrera Valles afirmó que la Procuraduría General de la República (PGR) investiga los delitos que pudieron haber cometido el ex secretario de Seguridad Pública (SSP) federal Genaro García Luna y la ex procuradora Marisela Morales Ibáñez al haberlo acusado de forma indebida de tener vínculos con grupos del crimen organizado.

En entrevista con La Jornada, explicó que durante su comparecencia ante la Dirección General de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos de la PGR reiteró su denuncia contra Morales y García Luna, y solicitó que sean sancionados por actos contrarios a la ley.

Señaló que entregó en la visitaduría interna de la PGR “pruebas de actos indebidos para acusarme penalmente, como fue el trato de testigo protegido que se dio a Salvador Puga Quintanilla, El Gordo o El Pitufo, un integrante del cártel del Golfo que contaba con antecedentes penales, y en lugar de consignarlo por delitos como secuestro y portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas, ya que por eso había sido detenido, se le convirtió en testigo protegido y se violó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

“Esa es una irregularidad que la PGR investiga, ya que El Gordo debió ser puesto a disposición de un juez. Ojalá que no se trate simplemente de una cuestión de matiz para decir al final que el caso se envía a la reserva o que no se ejercita acción penal contra ninguno de los imputados.

En la denuncia presentada se menciona que la persecución en mi contra se inició cuando entregué dos cartas al presidente de la República (Felipe Calderón Hinojosa) en las que denunciaba actos de corrupción en la SSP federal, y luego se me integró una acusación sustentada en testimonios que contenían mentiras, señaló Herrera Valles.

El ex comandante de la PF pasó tres años ocho meses preso en el centro federal de readaptación social número tres en Nayarit, y durante el proceso penal se determinó que no tuvo ninguna responsabilidad penal en las acusaciones que la PGR formuló en su contra, cuando Marisela Morales era titular de la extinta Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo).

Herrera señaló que otro de los funcionarios contra quien se inició la pesquisa es Irving Barrios Mujica, quien en 2008 era coordinador de fiscales en la Siedo; luego se convirtió en subprocurador de Delitos Federales, cuando Morales fue procuradora.