Moscú, 18 de abril.

Una vez sentadas las bases para un eventual arreglo político en Ucrania, comenzando con medidas concretas para disminuir la confrontación en el este del país eslavo, falta ahora lo principal: voluntad política para cumplir los compromisos adquiridos por ambas partes, tanto el gobierno de Kiev como los grupos pro rusos.

Por ahora, un día después de firmada la Declaración de Ginebra, nadie desocupó ningún edificio gubernamental, ni los grupos armados irregulares depusieron las armas, dos de los acuerdos fundamentales alcanzados en las negociaciones cuatripartitas entre Ucrania, Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea, celebradas ayer en la ciudad suiza.

Las partes se enfrascaron este viernes en una suerte de escaramuza verbal para ver quién da el primer paso. Si los condicionamientos recíprocos se prolongan demasiado, el pacto de Ginebra corre el riesgo de convertirse en papel mojado.

Así, las milicias pro rusas que ocupan varias sedes administrativas en Donietsk afirmaron hoy que no depondrán las armas, mientras el gobierno de Kiev, al que no reconocen, siga ocupando el palacio de gobierno y la Rada (Parlamento).

El gobierno de Kiev respondió que mantendrá el ejército en las ciudades del este, porque es parte de Ucrania y no ordenará la retirada a los cuarteles hasta que las milicias pro rusas entreguen las armas.

Los grupos paramilitares de extrema derecha se mantienen al margen de la polémica y conservan sus armas.

Este círculo vicioso era previsible y sólo puede romperse si Estados Unidos presiona al gobierno de Kiev y Rusia hace lo propio con las milicias del este, aparte de ordenar el retiro de los efectivos del GRU (inteligencia militar rusa) que ayudan a los insurrectos.

Pero Washington y Moscú esperan que el otro dé el primer paso para influir en quienes respaldan en esta crisis.

Mientras tanto, el gobierno de Kiev avanzó en la solución de dos asuntos pactados en Ginebra: la amnistía a todos los que participaron en las protestas de uno y otro lado, salvo aquellos que estén imputados por haber cometido un delito grave, y el reconocimiento del ruso como idioma oficial en aquellas regiones que lo consideren necesario.

Pero aún son sólo gestos, si se quiere positivos, pues apenas hoy se mandaron al Parlamento los respectivos proyectos de ley, que tienen que ser debatidos y aprobados la semana entrante.

La dilación de soluciones no ayuda cuando se está al borde de un derramamiento de sangre que, a su vez, puede derivar en guerra civil.

Tampoco contribuye distorsionar la realidad como, por poner un caso, sucede con la comunidad judía de Ucrania, que –de creer a sus jerarcas– niega sufrir el acoso de los neonazis pro occidentales.

Es innegable que el partido Svoboda (Libertad), de corte ultranacionalista, forma parte de la coalición que gobierna en Kiev y asume un discurso claramente contra los judíos –semejante a los de Chornaya Sotnia (Centuria Negra) y otras organizaciones ultranacionalistas en Rusia–, pero dista de haber iniciado el exterminio de los hebreos en Ucrania.

Quizás por ello los dirigentes de las 10 principales organizaciones que representan a la comunidad judía de Ucrania, en una declaración conjunta, calificaron hoy de mito infundado el antisemitismo, que –aseveran– la retórica especulativa del Kremlin atribuye al gobierno y la Rada ucranios para justificar su injerencia en los asuntos internos de Ucrania.

De aquí al domingo –este año coincide en el calendario la celebración de la Pascua católica y ortodoxa–, serán días clave para ver hasta qué punto las partes enfrentadas están interesadas en un arreglo político.

En este sentido, veremos si los intentos de resucitar el cadáver político que es el destituido presidente Viktor Yanukovich se quedan en proyecto inviable o, si obtienen el visto bueno del Kremlin, el político refugiado en Rusia regresa a Doniestk el domingo con la protección de militares rusos y empieza una nueva etapa de confrontación con dualidad formal de gobernantes en Ucrania.