Caracas, 18 de abril.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, llega este sábado a su primer año de gobierno después de superar un intento de golpe de Estado en proceso, iniciado por políticos opositores, quienes reclaman más seguridad pública y mejor desempeño de la economía. Éstos activaron el 12 de febrero una ola de protestas, con las cuales pretenden propiciar la salida del gobernante.

Después de casi dos meses de manifestaciones violentas en varias ciudades del país, el foco de las movilizaciones antigubernamentales se ha reducido al municipio de Chacao, área residencial de la zona metropolitana de Caracas, mientras el gobernante comenzó un diálogo con los principales representantes de la oposición el pasado 11 de abril.

Maduro ganó las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013, un mes y nueve días después de la muerte del líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez, quien fue relecto de 1998 a octubre de 2012, pero no pudo tomar posesión de su nuevo mandato a causa del cáncer que segó su vida.

Con una desventaja de 1.5 por ciento respecto de Maduro, los simpatizantes de Henrique Capriles –gobernador del estado Miranda– crearon un escenario poselectoral caótico y Maduro asumió su mandato en medio de protestas. Semanas después, Venezuela comenzó a experimentar escasez de productos básicos, inflación de 56 por ciento y devaluación de su moneda.

Para el martes 22 de abril, Maduro tiene previsto anunciar el comienzo de un nuevo programa económico, con el que intentará incrementar la producción nacional y reducir la importación de bienes de consumo inmediato. Menos importadera, resumió el mandatario esta semana.

Maduro acusa al sector empresarial venezolano y a sus aliados estadunidenses de alentar una guerra económica contra la revolución bolivariana. También sostiene que ellos fomentaron un golpe de Estado suave.

Este viernes, el diario El Nuevo Herald, voz de sectores conservadores de Florida y América Latina, publicó que el gobierno de Estados Unidos prepara una lista negra de funcionarios que serán sancionados por su presunta responsabilidad en la represión de las protestas de los pasados dos meses.