El gobierno federal pretende atajar la delincuencia en la frontera sur con la instalación de cinturones de contención terrestre y marítima.

El plan forma parte de los objetivos sexenales difundidos el año pasado, aunque los detalles operativos se darán a conocer en los próximos días.

Se prevé el funcionamiento de tres cinturones de vigilancia o puntos de control, desde la península de Yucatán y Chiapas hacia el Golfo de México y el Istmo, para formar barreras alimentadas no sólo con la acción policial o militar, sino con información de inteligencia para conseguir la ubicación y desarticulación de grupos criminales.

También se hará énfasis en una mayor supervisión en las costas, en una suerte de peinado del sur hacia el centro del país.

De acuerdo con funcionarios de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), dependiente de la Secretaría de Gobernación, el plan sureño incluye el uso intensivo de radares por mar y tierra, así como la integración de células de seguridad mixtas, con agentes de los tres niveles de gobierno, a fin de que se vigilen unos a otros y denuncien, desde dentro, la corrupción.

La frontera sur es una franja históricamente porosa que, de acuerdo con los propios diagnósticos gubernamentales, tiene 370 puntos de internación informales y 50 pasos de vehículos igualmente irregulares.

Esa condición la convierte en un foco rojo para la proliferación de bandas dedicadas al tráfico de drogas, trata de personas, agresión a migrantes y otras formas de violencia que superan, por mucho, la capacidad de los nueve puntos de revisión e internación de la franja colindante con Guatemala.

En cuanto al flujo migratorio de miles de personas que buscan internarse en México y avanzar hacia Estados Unidos, el objetivo central del plan no es impedir la movilidad humana, sino ordenarla.

En los puntos de contención participarán personal del Ejército y/o la Marina; policías estatales y municipales; agentes ministeriales, aduanales, migratorios y de agricultura.

Fuentes de la CNS precisaron que habrá conexiones o nodos carreteros y vigilancia especial en puntos costeros; por ejemplo, en la zona de Huixtla, Suchiate, Arriaga, Trinitaria, Comitán, Benemérito de las Américas y Palenque; un segundo cinturón de seguridad en Frontera (Tabasco), y el tercero en el Istmo, hacia áreas específicas de Veracruz como Las Choapas y Cosoleacaque.

El arrastre provendrá también desde la península de Yucatán y Tabasco, con presencia móvil, aunque las rutas intermedias se fortalecerán con el trabajo de inteligencia.

Un trabajo único tendrá la fiscalía especial para la atención al migrante de Chiapas, la cual tiene 22 fiscales.

Los puntos de control interno servirán de base para la operación de rutas y objetivos previamente trazados, para desarticular con precisión grupos delictivos y ubicar a las empresas que bajo el manto de actividades turísticas, en realidad se dedican al tráfico y trata de personas.

El año pasado el Instituto Nacional de Migración (INM) informó de la detención de 250 personas a quienes se les fincaron cargos de agresión, en diferentes grados, en perjuicio de migrantes.

Antecedentes

Los planes para la frontera sur no son nuevos. Pese a los programas anuales y sexenales los hechos ilegales se multiplican y sube el nivel de agresión, especialmente contra los migrantes.

Hace diez años, en el último tramo del sexenio foxista, fue presentada la Propuesta de política migratoria integral en la frontera sur, la línea de más de mil 100 kilómetros.

En 2004 se reportaba que la mayoría de las detenciones de la gente que busca llegar a Estados Unidos la realizaban autoridades mexicanas (204 mil contra sólo 54 mil de la Patrulla Fronteriza del vecino país).

También desde ese año se alertaba de los efectos de este embudo en el sur, con la proliferación de grupos de tráfico y trata; bandas de agresión a migrantes como Mara Salvatrucha y Barrio 18, así como el aumento de paso de drogas y armas.

Hace una década se fijaron cuatro líneas estrategias para la frontera sur: facilitación de la migración documentada; alentar los planes de protección a migrantes; contribuir a la seguridad en la frontera y actualizar la ley migratoria.