El Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados aseguró que cuenta con un acuerdo con el Partido Acción Nacional (PAN) para sacar adelante el paquete de la legislación secundaria de la reforma energética y anticipó que cualquier controversia constitucional o una consulta popular no podrán echar abajo la enmienda que permite la inversión extranjera en la exploración y explotación de hidrocarburos.

La última palabra, desde el momento en el que lo intenten, la tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos procedimientos, más que fuerza legal y constitucional, es mediática y lo que buscan es un discurso que se acomode a sus pretensiones electorales, expresó el coordinador del PRI, Manlio Fabio Beltrones.

Al presentar la agenda legislativa del tricolor para el periodo de sesiones que inicia el sábado, Beltrones afirmó que aun cuando el paquete de reformas incluye al menos un centenar de cambios a leyes, se hará un trabajo sumamente profesional, a fondo, no al vapor o superficial.

Explicó que las prioridades priístas se refieren a cumplir con las iniciativas y dictámenes que están pendientes del periodo pasado, así como las leyes reglamentarias que corresponden a las reformas a la Constitución en materia de telecomunicaciones, transparencia, político-electoral y energía, así como temas que fueron evaluados con integrantes del gabinete presidencial.

Dijo que una de las reformas legales será para reglamentar el seguro de desempleo y la pensión universal. Hay un documento que hemos trabajando los grupos parlamentarios, compartido con los diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD), para sacar adelante estos dos temas, refirió.

Asimismo, Beltrones convino que los beneficios de las reformas no se obtendrán de manera inmediata. Para cumplir sus propósitos, las reformas a la Constitución se requieren las leyes reglamentarias.

La agenda presentada por el PRI incluye reglamentar la reforma político-electoral, que abarca la discusión de las leyes generales de partidos políticos, de organismos y procedimientos electorales y de delitos electorales, así como la de propaganda gubernamental.

También se incluye el compromiso de reglamentar las denominadas cartas ciudadanas: las iniciativas ciudadana y preferente, las leyes federales de consulta popular, de candidaturas independientes y del derecho de réplica. Y la ley general de transparencia, que incluye reformas a la ley general del Sistema Nacional de Archivos Públicos.