Oaxaca, Oax., 30 de diciembre.

Cinco mujeres del municipio de San Francisco Ozolotepec, en la sierra sur del estado, fueron encarceladas por una noche y tuvieron que pagar una multa de más de mil pesos; su delito fue ejercer el derecho al voto, denunció la zapoteca Jacinta Aragón Ramírez, quien contendió por la alcaldía el pasado 4 de diciembre, cuando se repuso la elección, por mandato del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ieepco).

La también licenciada en administración municipal egresada de la Universidad Regional de la Sierra Sur recordó que antes de las elecciones del 3 de agosto, el edil priísta Baltazar Martínez Gallardo la llamó y le dijo que no le permitiría participar pese a que reconoció que tenía derecho a ello. “Me dijo ‘aquí no va a venir una vieja a mandar’, y que si quería participar lo hiciera en mi pueblo”, señaló.

Indicó que se realizaron votaciones en Guivini y San José Ozolotepec, poblados donde ganó, pero el presidente no lo reconoció e hizo su asamblea el 3 de agosto. Por no permitirme participar, se presentó un recurso de impugnación ante el Ieepco, que determinó celebrar una nueva elección el 4 de diciembre, pero fue fraudulenta.

Aragón Ramírez, quien ha promovido diversos proyectos productivos en las comunidades de San Francisco Ozolotepec, indicó que existen varias acusaciones contra el munícipe por amenazas contra los pobladores para que aceptaran la candidatura única de Filiberto Gallardo, a fin de asegurar su triunfo; además, permitió que participaran personas ajenas al municipio.

En San Francisco, San José y San Juan, aseguró la contendiente, obtuvo 433 sufragios, mientras el aspirante oficial obtuvo 470, por lo cual acudirá a las autoridades para que el proceso sea repuesto por segunda ocasión. Si no hubieran existido estas irregularidades, sostuvo, habría resultado triunfadora en los comicios, realizados por el sistema de usos y costumbres.

Añadió que lamentablemente Baltazar Martínez ha iniciado una persecución contra quienes la han apoyado, la cual inició con el encarcelamiento de las cinco mujeres, quienes prefirieron no presentar denuncia ante el temor a represalias.