La Ssa y Cofepris deben redoblar vigilancia, pide Senado
Lunes 30 de diciembre de 2013, p. 33
La venta ilegal de cigarros apócrifos ha crecido en los años recientes en México, por lo que las autoridades deben redoblar esfuerzos para enfrentar este problema, además de castigar penalmente esta actividad que genera millones de pérdidas económicas a la industria tabacalera, afirmó la legisladora Maki Esther Ortiz Domínguez, presidenta de la Comisión de Salud del Senado.
La senadora del PAN señaló que la venta de cigarros ilegales se observa en todo el país, lo mismo en puestos ambulantes que fijos y semifijos, mercados, accesos del metro y tianguis, por señalar los más comunes,
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Además, las marcas de cigarros que expenden no están acreditadas por las autoridades correspondientes, y se trata de nombres comerciales como Pitbull, Mex Laredo, Rover, Racer, Gol, Jaipur y Marathon, Modern, Royale, Bronco, Silver, por señalar algunos cuyos precios oscilan entre ocho y 10 pesos por cajetilla, que usualmente contienen 20 unidades
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Ortiz recordó que el más reciente decomiso que implementó la Procuraduría General de la República fue en Guanajuato –tercera entidad de mayor venta de cigarros apócrifos después de Jalisco y Michoacán– fue de 7 millones de cigarros ilegales; sin embargo, dichos productos siguen en circulación en otras entidades federativas, lo cual es alarmante
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Refirió que el Distrito Federal, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Adicciones 2011, es la entidad con la prevalencia más alta en consumo de tabaco, con 30.8 por ciento, y los puntos de venta regulares de este tipo de cigarros se localizan en entradas y salidas de líneas del Metro
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La legisladora citó un estudio de la Alianza para el Convenio Marco para el Control del Tabaco, el cual destaca que los cigarros ilícitos no cuentan con los parámetros mínimos de calidad en su elaboración y mucho menos cumplen las normas mexicanas en la materia, lo cual afecta, sobre todo, a adolescentes, que tienen fácil acceso a estos productos.
Ortiz Domínguez solicitó a la Secretaría de Salud (Ssa) y a la Comisión Federal Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) que informen sobre las acciones tomadas para contrarrestar el contrabando, venta y fabricación ilícita de productos del tabaco.