San Cristóbal de Las Casas, Chis., 21 de diciembre.

A 16 años de la masacre de 45 indígenas ocurrida en Acteal el 22 de diciembre sólo quedan en prisión seis de los 102 civiles indígenas y ex servidores públicos detenidos por esos hechos, informó Víctor Hugo López Rodríguez, director del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

Además, están pendientes de ejecutar 27 órdenes de aprehensión contra civiles y los autores intelectuales no han sido castigados, por lo que el caso es uno de los grandes pendientes de la justicia mexicana, que le ha dado la espalda a los indígenas y en lugar de avances ha habido retrocesos en (esa) materia, agregó.

La única esperanza de que se haga justicia está fincada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), señaló en entrevista, y recordó que este mes vence el plazo para que el Estado mexicano presente su informe de fondo solicitado por el organismo internacional.

Pensamos que en enero contaremos con la versión oficial nuevamente de cómo explican la masacre y tendremos que responder. Los pasos se están agotando, pues ya estamos en la última etapa, aseveró.

López Rodríguez consideró que una vez que el Estado mexicano entregue el informe la CIDH deberá emitir una resolución porque ya tiene el expediente enviado por el Frayba, conjuntamente con los sobrevivientes de la matanza.

Nuestra expectativa es que a inicios del año próximo la CIDH emita una sentencia que favorezca y repare el daño de las víctimas, comentó.

En un documento, el organismo que preside Raúl Vera López, obispo de Saltillo, Coahuila, dijo que de 2009 a 2013 fueron excarcelados 69 indígenas, entre ellos el ex alcalde priísta de Chenalhó, Jacinto Arias Cruz, que ya habían sido sentenciados como resultado de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el argumento de que las pruebas presentadas por la Procuraduría General de la República en su contra eran ilícitas, además de que la identificación de los responsables se hizo con base en un álbum fotográfico.

Detalló que el último grupo de 15 personas fue liberado el 10 de abril pasado y que a los seis que quedan en prisión se les negó el reconocimiento de inocencia, aunque tienen la posibilidad de presentar un juicio de amparo directo, una vez que se dicte la sentencia definitiva.

Recordó que tras la masacre, la policía detuvo a 87 indígenas originarios del municipio de Chenalhó –al que pertenece Acteal– y a 15 servidores públicos, pero a la fecha sólo seis quedan en prisión: José Pérez Pérez, Manuel Luna Vázquez, Nicolás Hernández Pérez, Pablo Hernández Pérez, Rafael Luna Vázquez y Alonso Jiménez Entzín.

Dijo que entre los liberados hay nueve que confesaron haber participado en los hechos, en los cuales también resultaron 26 lesionados: Lorenzo Pérez Vázquez, Felipe Luna Pérez, Mariano Luna Ruiz, Alfredo Hernández Ruiz, José Musio Vázquez Luna, Antonio López Hernández, Julio López Hernández, Agustín Santis Gómez y Roberto Méndez Gutiérrez.

De acuerdo con fuentes oficiales, en mayo de 2007, cuando la Procuraduría de Justicia del Estado intentó reabrir el caso, Roberto Méndez Gutiérrez confesó su culpabilidad ante un fiscal y ofreció que mostraría a la policía el sitio donde tenían enterradas las armas que usaron él y su amigo Lorenzo Pérez Vázquez, con tal de que los presuntos inocentes que estaban presos fueran liberados y que sólo quedaran recluidos los verdaderos responsables.

La Procuraduría sacó a ambos del penal de El Amate y custodiados por más de 50 agentes se dispuso a trasladarlos a la comunidad de Los Chorros, municipio de Chenalhó –considerada cuna de los paramilitares que actuaron en Acteal–, pues supuestamente las armas estaban enterradas en un cerro situado a cuatro kilómetros de ese paraje.

Debido a una presunta maniobra de retraso de la propia policía y a que alguien alertó a la población de la zona, sólo fue posible trasladar al lugar a Roberto, quien señaló el sitio del entierro y un agente del Ministerio Público del fueron común encontró dos fusiles AK-47. Debido a que Pérez Vázquez ya no llegó hasta el lugar, no fue posible ubicar las demás armas.

Luego la fiscalía especial creada en 2007 para el caso Acteal fue cerrada, con escasos resultados.