El pasado 27 de febrero, la subsecretaria de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón, dio a conocer una lista con el nombre de 26 mil 121 víctimas de desaparición, de las cuales ya se tenía conocimiento desde el sexenio de Felipe Calderón.

Aunque la funcionaria subrayó que este recuento sería depurado para conformar un registro nacional de desaparecidos que sirviera como lista útil y única, la revisión de las cifras no se concretó durante el primer año del gobierno de Enrique Peña Nieto.

Diversos organismos internacionales, entre ellos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han lamentado en varias ocasiones que el gobierno mexicano no haya desarrollado un registro confiable sobre el tema, pues ello obstaculiza las investigaciones y la asistencia a los familiares de las víctimas.

Frente a la tardanza, el subprocurador de Derechos Humanos de la PGR, Ricardo García Cervantes, incluso sugirió la posibilidad de elaborar una nueva lista, lo cual fue considerado por Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, como un acto de traición para borrar la memoria de las víctimas.