El fenómeno de las desapariciones forzadas en México siguió ocurriendo prácticamente con la misma intensidad durante el primer año de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto que en el sexenio de Felipe Calderón, excepto por el hecho de que en la mayoría de los medios de información se habla mucho menos del asunto.

Afirmaron lo anterior activistas de diversas organizaciones sociales especializadas en el tema, quienes lamentaron que los familiares de las víctimas tienden a denunciar este crimen de lesa humanidad cada vez menos, debido a la falta de confianza en las autoridades y al miedo de ser agredidos.

Javier Monroy, director del Taller de Desarrollo Comunitario, subrayó que a pesar de las dificultades para hacer un registro puntual de la cantidad de desapariciones ocurridas en 2013 en Guerrero –donde el colectivo trabaja–, se percibe que este delito sigue ocurriendo de la misma forma que en años anteriores.

Se ha mantenido el problema al mismo ritmo, pero con una diferencia: las personas definitivamente ya no quieren denunciar. Cuando empezamos a dar seguimiento al fenómeno, hace siete u ocho años, 10 por ciento de los familiares se animaban a denunciar, pero al ver cómo las autoridades incriminan a las propias víctimas y el trato que dan a los parientes, han perdido confianza, deploró el activista.

Contra Ejército y policías

“Las desapariciones no han disminuido en este año. Nosotros recibimos igual cantidad de información sobre esos hechos o hasta más, y no sólo contra el Ejército, sino contra todas las policías, que están totalmente infiltradas por los grupos de narcos y secuestradores, pero no puedo darte cifras al respecto” por protección a la gente que aún no se decide a hacer públicos sus casos, aseveró.

Tita Radilla, hija del desaparecido luchador social Rosendo Radilla e integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos, Desaparecidos y Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos (Afadem), coincidió en que este crimen sigue ocurriendo en la zona de Atoyac de Álvarez, como pasaba en la época de la llamada guerra sucia.

“Los hechos son los mismos, la diferencia es que ahora les llaman levantones. Se habla mucho de que los responsables son gente del crimen organizado, pero independientemente de quién lo haga, hay una responsabilidad del Estado por no proteger a las personas”, manifestó.

Por su parte, Jorge Verástegui, integrante del colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Coahuila, sostuvo que aunque el gobierno de Peña Nieto comenzó enarbolando un discurso de cercanía con las víctimas de desaparición forzada y sus familiares, muy pronto empezó a omitirse el tema en los medios de comunicación.

De pronto se empieza a dejar de hablar de la violencia generada por la guerra contra el crimen, como si ya no existiera y hubiera un proceso de reconstrucción social, lo cual no es verdad. También se creó una unidad especial de búsqueda de desaparecidos (en la Procuraduría General de la República), pero sin presupuesto ni agentes, y con la visión clásica de localizar a los perpetradores, pero no a las víctimas, dijo.

No sé si con la misma intensidad, pero en el noreste del país continúan las desapariciones, y ahora estamos peor que en el sexenio anterior, porque el tema se silencia y nos cierran las puertas, denunció.

Raymundo Ramos, director de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, apuntó que en este año han ocurrido al menos seis casos de desaparición forzada, todos ellos cometidos entre julio y agosto por elementos de la Secretaría de Marina, quienes después niegan su participación en los hechos y se los atribuyen a supuestos criminales con uniformes falsos de la Armada, dijo.