uizás nunca antes ha habido una coalición tan amplia y un consenso tan bien formado sobre la necesidad de inclusión de las personas indocumentadas en nuestro país. Años de lucha, sacrificio y organización sin precedente han construido un movimiento para convertir el tema de la migración dentro del discurso nacional y la lista de pendientes del Congreso. Sin embargo, aunque una legalización sea inevitable, el resultado en la legislación federal está estancado y es incierto.

Mientras la frustración crece con el retraso del Congreso, el enfoque empieza a cambiar hacia el presidente para que tome acción sobre el tema. Pero la presión que se ha puesto en el mandatario para que use su autoridad no es un cambio para conseguir una legislación como algunos han criticado. No es rendirse. Primero que nada, es un alivio atrasado al sufrimiento innecesario. Segundo, es exactamente la táctica necesaria para impulsar una legislación hacia adelante.

El poner campañas para una reforma legislativa en contra de campañas que piden alivio administrativo es otra opción falsa. Los movimientos sociales exitosos a lo largo de la historia siempre se han definido por diversos enfoques que ponen presión en múltiples frentes.

El movimiento por los derechos civiles que ganó la legislación de 1964 al principio inundó la Casa Blanca con lapiceros, con la esperanza de que el presidente Kennedy firmara una orden ejecutiva que abordara la discriminación. Desafió ordenanzas locales para obtener logros incrementales, dramatizar la falta de protecciones federales y crear un dilema que la nación se vio obligada a abordar. El movimiento LGBTQ era conocido en los años 80 por sus acciones directas que eran tan atrevidas como tomar posesión de las noticias vespertinas y más recientemente por sus campañas de igualdad de matrimonio locales y desafíos en las salas de juzgado para cambiar la conversación nacional en su dirección.

En contraste, personas atrincheradas en Washington DC han insistido en una sola ruta hacia la victoria. Se nos ha dicho que el presidente, quien pronto habrá deportado a 2 millones de personas, es nuestro defensor. Y en vez de pedirle que use su autoridad y rompa el bloqueo del Congreso, estamos siendo redirigidos a concentrarnos exclusivamente en atacar la obstrucción y el extremismo del Partido Republicano.

El racismo de los republicanos es obviamente intolerable, pero el partido que no hizo ningún intento de reforma para los migrantes cuando tuvo al presidente y la mayoría de ambas cámaras en el Congreso y desde entonces ha administrado una criminalización sin precedente comparte la responsabilidad por la miseria infligida a los migrantes. Peor aún, desviar la presión del mandatario y los demócratas que aún tienen opciones proactivas a su disposición en realidad ocasiona que se les quite el incentivo de usar esas opciones en el debate.

Una estrategia de culpar a uno y defender al otro puede ser viable para los demócratas que buscan obtener beneficios políticos, pero no para las comunidades migrantes que buscan la igualdad.

Considerando el historial de futbol político entre ambos partidos, se les calificaría con un satisfactorio por su esfuerzo, pero un reprobado por los resultados de sus intentos y que el presidente se niegue jugar un papel activo con actos concretos, entonces debemos preguntarnos: ¿Estamos jugando para ganar la reforma o están jugando con nosotros para ganar las elecciones?

Si el movimiento por los derechos de los migrantes quiere alcanzar más que ser otro tema en el año de elección en el cual los políticos nos usan para movilizar votos, entonces se va a requerir de una diversidad de tácticas y dilemas presentados a amigos y enemigos por igual.

La apertura de nuevas iniciativas para proteger o aumentar los derechos de migrantes y responsabilizar a todas las partes interesadas es no renunciar a la reforma. Es jugar para ganar.

Legislaciones estatales que limitan el programa de Comunidades Seguras, como el Acta de la Confianza, o la victoria por las licencias de conducir ayudan a reducir la asechanza que nos separa de nuestros seres queridos. Desafíos en las salas de tribunales, como la demanda en contra del alguacil Baca y de sus prácticas de detención, han mejorado las vidas de las personas. El trabajo de asistencia en casos individuales de deportaciones nos ayuda a afirmar nuestro derecho a permanecer aquí mientras empujamos por soluciones más permanentes. La acción directa que interrumpe la máquina de deportaciones eleva el costo político de infligir sufrimiento a nuestras familias y agrega el sentido de urgencia al debate. Todo lo mencionado ayuda a mejorar el panorama de la conversación nacional y lo hace desde una posición de fuerza.

Los políticos sensatos serán los primeros en decir que esta presión ayuda en la mesa de negociaciones y es necesaria para que ellos sigan comprometidos a luchar.

Así como trabajamos para proteger a nuestras familias, también necesitamos proteger el impulso histórico que hemos construido de ser malgastado por aquellos que están más interesados en sus carreras políticas que en el futuro de nuestras familias. El movimiento por los derechos de los migrantes es muy fuerte, hermoso y resistente a ser subordinado por la relección de un partido.

Las apuestas son demasiado altas. Aquellos que están presionando por todos lo medios no están sordos a la realidad política como algunos insinúan, sino todo lo contrario. Cualquiera que esté escuchando en la base escuchará el grito fuerte y claro: ni una deportación más. Ni una familia más separada. Ni un día más de inacción. Ni uno más.

* Organizadora a cargo de la campaña #Not1More de la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras (NDLON, por sus siglas en inglés).