ace unos días, los gobernadores fueron acarreados a la sede de la Secretaría de Educación Pública para firmar un convenio sobre la implementación de la reforma educativa, signado entre el Poder Ejecutivo federal, representado por Emilio Chuayffet, y los gobiernos de sus estados. Sumisos y obsequiosos todos los gobernadores, independientemente de su origen político, respaldaron el convenio unilateralmente redactado por el gobierno federal y en el que la única intervención de los ejecutivos locales consistió en poner su nombre y firma. Según este acuerdo, su propósito es conjuntar esfuerzos y coordinar acciones para cumplir con oportunidad, eficacia y en forma ordenada los objetivos de la reforma.

La firma de acuerdos, compromisos o alianzas ha devenido en una tradición dentro del sistema educativo nacional. Con Carlos Salinas se pactó con el SNTE y los gobernadores el Acuerdo para la Modernización de la Educación; Fox y Elba Esther acordaron el Compromiso por la Calidad de la Educación con el beneplácito de las cúpulas empresariales, la Iglesia y gobernadores y, durante el gobierno de Calderón se signaron con la que alguna vez fue líder vitalicia del SNTE, la Alianza por la Calidad de la Educación y la Evaluación Universal para los Docentes. Sólo que en el contexto de la reforma educativa y este nuevo convenio –desechada la profesora Gordillo–, el papel asignado al SNTE ha sido de aplaudir y promover su aceptación entre el magisterio. Todos estos pactos han constituido la vía para obtener la subordinación de los involucrados y la consecuente imposición de medidas regresivas en la educación, que como regla general han resultado lesivas para los maestros.

Con el convenio, asegura Peña Nieto, la reforma educativa se aplicará sin excepción en todo el país, puesto que se sustenta en leyes e instituciones y se dispone de la energía y determinación necesarias para transformar la educación. A través de este acuerdo, afirma Chuayffet, los gobiernos estatales se han comprometido a tomar las acciones correspondientes para poner en práctica las nuevas disposiciones de las leyes en materia educativa y avanzar en la reforma pese a los pusilánimes y la oposición de los dogmáticos de siempre. A partir de estos argumentos, surgen obligadamente las siguientes interrogantes: ¿a qué obedece la celebración del convenio, si las modificaciones a los artículos 3 y 73 de la Constitución ya se sancionaron y expidieron sus leyes reglamentarias, mediante el golpe de estado legislativo orquestado por el gobierno federal, los partidos políticos y la intervención de las elites del poder económico? ¿Se requieren otros instrumentos políticos y concentrar un abanico de fuerzas para imponer a rajatabla la reforma educativa, a costa de lo que sea, ante la evidente persistencia de la resistencia magisterial?

El convenio constituye una reiteración de la fraseología que adornó el texto de la reforma y la chatarra publicitaria que se ha generado para intentar legitimarla. Como un acto de profesión de fe, sus signantes juran y perjuran en favor de la reforma educativa y los beneficios que traerá consigo. Pero más allá de las supuestas bondades reformistas, en las clausulas y compromisos se establece que la SEP emitirá todos los lineamientos, normas y programas derivados de la reforma educativa, en tanto a los gobiernos locales les corresponderá observar estas normativas emitidas centralmente por la SEP. Bajo este esquema de imposición-aceptación, prácticamente se desarrolla todo el contenido del convenio. Por ello, se indica a los gobiernos estatales que deberán armonizar sus respectivas leyes educativas, reconociendo y preservando siempre la supremacía de la Constitución y las leyes federales, es decir, reformarlas y ajustarlas a tono con los dictados de la reforma educativa, sin salirse del guión prestablecido. Es previsible que esto ocurra pronto y se produzca un alud de cambios legislativos en las entidades: los gobernadores disponen de congresos serviles que simplemente copiarán y trasladarán lo que se les ordene, así lo demostraron al aprobar las reformas educativa y energética.

A través del convenio se compromete y obliga a los gobernadores a acatar puntualmente las disposiciones de la reforma y aprestarse a cumplir con los nuevos lineamientos que habrán de diseñarse para concretarla, particularmente en relación con los procesos de evaluación y el trabajo de los docentes. Implícitamente se les convoca a contener y desmovilizar la protesta magisterial en sus entidades y actuar con mano dura ante lo que se consideran transgresiones de los maestros. La SEP les ha puesto un primer ejemplo: informa y amenaza a los docentes que no han participado en el censo educativo y no aparezcan en la nueva nomina centralizada que su salario será retenido, un primer escalón para sanciones todavía mayores. No quieren o no logan entender que sin una genuina participación de los maestros, ninguna reforma educativa es viable.

* Investigador del Instituto Mora. Autor del libro El secuestro de la educación, publicado por La Jornada y la UPN