e conmemora hoy el decimosexto aniversario de la masacre perpetrada por un grupo de paramilitares de filiación priísta en Acteal, municipio de Chenalhó, Chiapas, el 22 de diciembre de 1997, en la que murieron 45 personas –mujeres, hombres y menores– y otras 26 resultaron heridas.

En aquel momento, y durante los lustros posteriores, se ha mantenido la versión oficial de que esa atrocidad registrada en la localidad tzotzil fue consecuencia de un conflicto intercomunitario originado por diferencias de índole religiosa y por disputas territoriales, pero organizaciones nacionales y extranjeras han demostrado que el hecho obedeció, en realidad, a la estrategia de contrainsurgencia aplicada por el Ejecutivo federal, entonces encabezado por Ernesto Zedillo, contra las comunidades zapatistas; que los asesinos recibieron entrenamiento y armas por parte de efectivos militares regulares y que las corporaciones policiales federal y estatal no hicieron nada para impedir la masacre.

La impunidad, a lo largo de los 16 años transcurridos desde entonces, ha sido casi total. Los autores materiales capturados, enjuiciados y encarcelados tras la matanza fueron paulatinamente liberados a raíz de fallos judiciales impresentables, agraviantes para las víctimas e incluso riesgosos para la integridad física de los deudos y los sobrevivientes. Las autoridades, por otra parte, han sido omisas en la investigación y el deslinde de responsabilidades intelectuales y políticas de quienes se desempeñaban como altos funcionarios del gobierno de Chiapas, de los mandos militares, y de aquellas en las que pudieron incurrir el entonces presidente Ernesto Zedillo y su secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet.

Mientras que el ex presidente ha sido sujeto de acusaciones por crímenes de lesa humanidad en diversas instancias internacionales, y ha logrado librarlas gracias al respaldo de sus sucesores en el cargo –cabe recordar que Felipe Calderón le tramitó un estatuto de inmunidad ante las autoridades de Estados Unidos, país de residencia del ex mandatario–, Emilio Chuayffet, responsable directo del incumplimiento gubernamental de los acuerdos de San Andrés y obligado a dimitir tras la masacre, hoy despacha como secretario de Educación Pública.

El mismo manto de impunidad ha cubierto desde entonces las presuntas responsabilidades del ex gobernador chiapaneco Julio César Ruiz Ferro; de Jorge Madrazo Cuéllar, procurador federal en aquel tiempo; de los generales Mario Renán Castillo y Enrique Cervantes Aguirre, a la sazón responsables de la séptima Zona Militar y de la Secretaría de la Defensa Nacional, respectivamente.

La administración que se inició el primero de diciembre de 2012 tenía una oportunidad inmejorable para demostrar el viraje en las formas autoritarias y encubridoras que caracterizaron a los gobiernos priístas anteriores a la alternancia. Para ello era necesario que se emprendiera, como primer paso, un esclarecimiento verosímil de las responsabilidades de los altos mandos que en diciembre de 1997 operaban en los ámbitos federal y estatal, lo que implicaba el retiro de la inmunidad concedida a Zedillo y la actuación libre e irrestricta del Poder Judicial y de instancias internacionales de justicia. Un año después, sin embargo, parece confirmarse la persistencia del pacto de complicidad que recorre los sexenios sin distinción entre priístas y panistas, y que ha hecho imposible, hasta ahora, el ejercicio de la justicia para episodios como la masacre del 2 de octubre de 1968, la guerra sucia impulsada por los gobiernos de Luis Echeverría y José López Portillo, los asesinatos políticos perpetrados durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari, las masacres campesinas toleradas o auspiciadas por el gobierno de Zedillo –de las cuales Acteal forma parte, pero no es la única– y las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón.

La masacre de Acteal se erige, de esa forma, como uno de los grandes ejemplos de la impunidad institucional que recorre la historia del país.