Acapulco, Gro., 19 de diciembre.

La violencia en Guerrero obstaculiza la distribución de ayuda humanitaria y mina la organización de las personas en poblados afectados por el huracán Ingrid y la tormenta Manuel, advirtió la organización no gubernamental Oxfam, con presencia en 92 países.

Representantes de Oxfam, quienes desde hace tres meses llevan ayuda humanitaria a 25 comunidades y colonias de los municipios de Acapulco, Atoyac y Coyuca de Benítez, presentaron un informe de actividades. Advirtieron que decenas de localidades continúan vulnerables y marginadas.

Resaltaron que los asesinatos de líderes como Luis Olivares Enríquez, de la Organización Popular de Productores de la Costa Grande (OPPCG), y Rocío Mesino Mesino, de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS), ambos de Coyuca de Benítez, muertos el 10 de noviembre y 19 de octubre, respectivamente, complicaron la distribución de ayuda en esas comunidades.

Ambos líderes gestionaban obras y recursos para sus pueblos tras el desastre que dejaron los meteoros en septiembre pasado. La violencia en la Costa Grande, señalaron, afectó la logística.

El responsable de Oxfam en Guerrero, Alejandro del Águila Murphy, explicó que después del 16 de septiembre el organismo envió dos equipos para evaluar la situación en diferentes regiones.

Sin embargo, tuvieron que cambiar itinerarios, reforzar medidas de seguridad o retirarse antes de tiempo debido a que grupos organizados para prestar ayuda fueron atacados por desconocidos.

Nosotros aplicamos un enfoque participativo. Convocamos a las comunidades a organizarse, y esta organización es blanco de ataques. Eso impide que la gente esté mejor preparada para desastres. Debido a ello, agregó, ya no visitaron El Achotal y El Cucuyachi, en Atoyac.

Respecto a lo que observaron en la zona de desastre, Del Águila Murphy indicó que en muchas comunidades no hay agua potable, están incomunicadas, sus habitantes fueron desplazados o viven hacinados tras perder sus viviendas, expuestos a enfermedades por falta de higiene y en riesgo de desabasto alimentario, pues la mayoría de sus cultivos se perdieron.

Manifestó su preocupación por la falta de ayuda durante y después de la emergencia, así como por las fallas de los sistemas de prevención y recomendaciones para disminuir riesgos ante futuros desastres.

Destacó que no existen cifras exactas del número de personas en albergues. Asimismo pidió mayor participación de las autoridades en las comunidades afectadas, entre ellas Barrio Nuevo de la Laja y la colonia Del Río, en Coyuca, y Junta de los Ríos, El Edén y La Remonta, en Atoyac, así como en La Pintada, controlada por el Ejército.

Por su parte, el gobernador Ángel Aguirre Rivero informó que se investiga a ex funcionarios del gobierno anterior por presuntos malos manejos en la construcción de un edificio inteligente frente a playa Tamarindos, en Acapulco, el cual que albergaría varias dependencias estatales que actualmente pagan renta. En esta obra se han gastado más de 200 millones de pesos y no está terminada.

Anunció que se investiga la sobrevaluación de los terrenos donde se realizó la obra, en lo que están implicados ex funcionarios a quienes hoy estamos investigando y llegaremos a las últimas consecuencias. Son acciones que no pueden quedarse en el olvido, pues se hicieron con presupuesto del gobierno del estado.