n el contexto de una firma de convenios con organizaciones de la sociedad civil, el titular de la Secretaría de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, descalificó a quienes han expresado su oposición a la reforma energética, recientemente aprobada en el Congreso de la Unión y en la mayoría de las legislaturas estatales, cuya promulgación está prevista para hoy. Osorio Chong dijo que los críticos de esa modificación legal siembran el encono y están anclados en el pasado, y rechazó que con su aprobación vaya a venderse el país; lo que se hará es aprovechar lo que tenemos.

Ciertamente, no es ésta la primera expresión pública de denuesto en contra de lo que debe entenderse como un sector amplio de la sociedad. El pasado jueves, el diputado priísta Manlio Fabio Beltrones dijo que la reforma que permite la privatización de la industria petrolera nacional pudo ser aprobada a pesar de los hipócritas nacionalistas, aseguró que el mayor riesgo del país es no hacer nada o seguir a aquellos que no proponen nada y se quedan paralizados por el tiempo y la derrota.

La diferencia sustancial en esas descalificaciones es que, mientras la segunda es formulada por el integrante de una facción legislativa, y debe entenderse por tanto como una provocación enmarcada en la política partidista, los dichos de Osorio Chong provienen del funcionario responsable de conciliar las distintas posturas políticas, de buscar los consensos posibles entre ellas y de procurar, de ese modo, la gobernabilidad del país.

Tal consideración hace que las expresiones del funcionario que despacha en el palacio de Covián adquieran un tono particularmente preocupante, en la medida en que reflejan un gobierno que cierra, mediante la descalificación, los cauces para la expresión de los disensos políticos y las inconformidades. Dicha actitud sería inaceptable en cualquier contexto, pero lo es aún más en el marco de la discusión de una reforma con previsibles consecuencias negativas en los ámbitos económico, social y de la soberanía energética; que fue avalada mediante un proceso legislativo desaseado y marcado por la negativa sistemática del oficialismo a someterla a consulta ciudadana.

Lejos de ser excepcional, semejante actitud parece haberse consolidado en la conducta del grupo que detenta el poder, como quedó demostrado con las descalificaciones lanzadas en su momento por funcionarios del gobierno federal en contra de los opositores a las reformas laboral, educativa y fiscal, aprobadas en meses recientes en el Congreso de la Unión, pese a concitar las críticas y el rechazo de amplios y diversos sectores de la población.

La tendencia a descalificar a priori a quienes no comparten la visión del grupo gobernante y hacen pública esa oposición es un rasgo característico de regímenes autoritarios y constituye un factor de división y de encono. Sería deseable que los funcionarios del gobierno federal atendieran estas consideraciones y refrenaran sus actitudes de denuesto y hostilidad hacia los sectores críticos.