Susuclumil, Chis., 9 de diciembre.

Hay un dolor profundo. Un reclamo que no cesa. Más de 120 indígenas de la zona norte perdieron la vida en condiciones atroces. Desarmados, pacíficos, intolerablemente libres. José Tila López fue asesinado por José Torres Torres, los hermanos Matías, Plácido y Pablo López Pérez y Eulalio López Girón, con la complicidad de otros, en 1998. José era un activo promotor de la autodeterminación indígena, participaba en la lucha de los zapatistas y había sido testigo del genocidio que estaba ocurriendo en su tierra. Lo machetearon en un puente, cuando regresaba de testificar ante una comisión internacional de observación.

El crimen fue tan brutal que el gobierno, por una vez, intentó hacer algo. Ofrecieron dinero a la familia. Hoy recuerda su padre que dijo a los funcionarios: Mi hijo no es negocio. La imagen de José preside en un altar con flores y su retrato la preaudiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) en esta comunidad del municipio de Tila.

Los mayores, autoridad y rezadores, sahúman carteles con las fotos, los nombres, los lugares donde murieron o desaparecieron sus compañeros, familiares, vecinos. Un anciano, a través del resplandor de las velas, dice en chol: “Los caídos son una memoria que no podemos olvidar, estarán siempre en nuestra memoria, siguen con nosotros; estamos aquí para recordar que murieron injustamente. Dios vio ese asesinato, esa emboscada, esa guerra sucia. Él vio a nuestros hermanos morir. Él sabe. No todos aparecieron. Unos fueron ‘cuartizados’, otros desaparecieron”.

El TPP encontró heridas vivas

Al sesionar aquí, el TPP no vino a remover heridas, sino a encontrarlas vivas, sin alivio ni justicia. Uno de los jueces de la audiencia, efectuada en esta comunidad de Tila, expresó que ante el estado de emergencia que vive el país, es importante conocer los casos de Chiapas. La violencia contra las mujeres fue brutal. Aún hoy, las mujeres de la región son muy vulnerables. En los años del horror muchas aprehensiones infundadas por los cuerpos policiacos eran el inicio de desapariciones permanentes.

A Nicolás Mayo Gutiérrez lo descuartizaron a machetazos el primero de agosto de 1997 en Cruz Palenque, donde prestaba tierra, como recuerda su hija. La familia quedó dañada, con la conciencia desequilibrada. Nunca se repusieron del horror. Aún hoy persiste el miedo. Los victimarios siguen aquí, siempre del lado del poder, muchos reciclados en el Partido Verde Ecologista de México, que actualmente gobierna la entidad con un fuerte sabor a PRI, como diría Carlos Monsiváis.

Mateo Vázquez Sánchez fue asesinado en Masojá Sucjá a los 17 años en junio de 1996. Emboscado por los dirigentes de Paz y Justicia Sabelino Torres, Cristóbal y Ernesto Gómez Torres: 18 disparos. A su hermano Cándido lo habían secuestrado en 1995. Todos saben, todos vieron. Antonio González Méndez fue ultimado el 19 de enero de 1999, en El Calvario, por Juan Domingo Regino y otros bien identificados. Mateo Torres Pérez, defensor de derechos humanos, fue ejecutado en enero de 2005. Y la cuenta sigue.

En Chenalhó también hubo esta guerra. Contra las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y contra Las Abejas. Debido a la masacre de Acteal se ha hablado más de ella, y hubo conatos de hacer justicia. Antonio Vázquez, representante de Las Abejas, dijo aquí, tajante: La guerra contra nuestras comunidades fue una orden del gobierno. Por eso es un crimen de Estado. Detalló: Los jóvenes paramilitares fueron entrenados por los militares en sus cuarteles y usaban uniforme de policías; algunos de por sí eran ex militares o ex policías.