La iniciativa de reforma energética que se discute en el Senado es netamente privatizadora y no plantea ninguna estrategia para despetrolizar la economía nacional, aseveró Ramón Carlos Torres Flores, del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo de la UNAM.

En contraparte, Manuel Barquín Álvarez, del Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la casa de estudios, planteó que el proyecto de dictamen no plantea que el Estado pierda el control sobre los recursos energéticos, aunque admitió que en acciones anteriores de privatización ha existido complicidad entre funcionarios públicos y empresarios para abusar de los recursos públicos.

Torres Flores indicó que con la iniciativa que analizan los senadores (que fundamentalmente se formó con las propuestas de Enrique Peña Nieto y del PAN) los funcionarios federales consideran, más con la fe que con la razón, que bastan las modificaciones a tres artículos de la Constitución para incentivar las inversiones que permitan alcanzar los objetivos del sector, con el fin de generar empleos y que los ingresos del país crezcan.

Sostuvo que, al tratarse de una reforma que tendrá repercusiones en toda la nación, debió ser consensuada.

Están planteando un cambio en el pacto social de los mexicanos, es decir, en la Constitución, para lo cual se requiere amplia participación democrática. No puede ser que esta iniciativa haya nacido en 48 horas. El tema es de tal magnitud que merece ser analizado, conocido y revisado.

A su vez, Barquín Álvarez se manifestó a favor de la iniciativa debido a que rompe con el monopolio de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad en el sector.

Señaló que no se debe confundir contratos con concesiones. La diferencia es que en las segundas, el concesionario se apodera del recurso estratégico y lo administra como si fuera propio, sólo le da una regalía al Estado y debe cumplir ciertas normas. Un contrato no le quita el control del recurso al Estado. En este caso el petróleo que se extraiga no será propiedad de la compañía, sino que cuando se venda el producto habrá una utilidad, antes pactada, para las empresas.

Sin embargo, resaltó que existe un punto que favorece a los opositores: en México se ha dado un esquema que se ha caracterizado como de privatización de las ganancias y nacionalización de las pérdidas (como en los rescates carretero y bancario), pero esto se presenta porque hay contubernio entre empresarios y servidores públicos poco escrupulosos, el cual permite que abusen de los recursos públicos en un ambiente de poca transparencia y nula sanción.