cho de las mayores empresas que ofrecen servicios en Internet –AOL, Apple, Facebook, Google, Linkedin, Microsoft, Twitter y Yahoo– unieron sus voces para pedir al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, y al Congreso de ese país que establezcan límites mínimamente razonables al espionaje masivo que el gobierno de Washington realiza en las comunicaciones privadas de cientos de millones de individuos, tanto estadunidenses como de otras nacionalidades. En un comunicado insertado ayer en los principales diarios del país vecino, esas compañías señalaron que la vigilancia clandestina e ilegal de millones de cuentas por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) ha implicado un desequilibrio favorable al gobierno y perjudicial para los derechos individuales.

Para poner en perspectiva este comunicado, cabe recordar que, desde que el ex contratista de la NSA Edward Snowden filtró documentación de las prácticas de espionaje masivo que realiza esa dependencia gubernamental, en junio pasado, la irritación entre los ciudadanos estadunidenses y de otros países se ha incrementado conforme surgen a la luz nuevos aspectos del impúdico fisgoneo de Washington en las computadoras, los teléfonos celulares, las cuentas de correo electrónico y los mensajes de millones de personas anónimas, pero también de jefes de Estado y de gobierno de países a los que Washington llama en público aliados y amigos, entre ellos Alemania, Brasil, España, Francia y México. Asimismo, se ha podido documentar que, con el propósito de robar información estratégica, la NSA ha intervenido las comunicaciones internas de dependencias gubernamentales enteras y de grandes empresas extranjeras.

La divulgación de estas prácticas ha puesto en aprietos a las empresas firmantes del comunicado –las cuales, a su vez, espían a sus usuarios con el fin de obtener información útil para campañas de mercadotecnia de precisión– porque, por una parte, ha evidenciado que tales corporaciones colaboran sin rechistar con la NSA, a la cual entregan cuanta información les sea solicitada, y por la otra, genera justificada desconfianza entre usuarios y consumidores y limita, de esa manera, los mercados de servicios en línea.

Así pues, el documento de los gigantes de Internet no se inspira en un legítimo compromiso con el derecho de los usuarios a la privacidad, sino en un afán mercantilista y de imagen: si algo puede generar pánico en las asambleas de accionistas es una merma en el número de suscriptores porque, como es sabido, el éxito de los negocios internéticos reside, por norma, en la cantidad de usuarios consuetudinarios. Saber de las intromisión de las autoridades estadunidenses en las cuentas internéticas privadas y/o confidenciales genera una pérdida de confianza de los internautas y una reducción de su actividad en las redes, lo que conlleva, en forma casi automática, una disminución de tráfico para las grandes corporaciones y, con ello, un decremento de sus utilidades.

Por otra parte, es claro que las empresas referidas buscan, con la carta hecha pública ayer, distanciarse de la imagen de cómplices del espionaje.

Es claro, pues, que los daños causados por las actividades ilegales de espionaje masivo desarrolladas por varias dependencias del gobierno estadunidense no se circunscriben a la soberanía de otras naciones ni a los derechos ciudadanos de los inter­nautas, sino que se extienden al ámbito de las finanzas corporativas. Ante esta realidad, la Casa Blanca está doblemente obligada a transparentar, acotar y ceñir a la ley y al decoro sus prácticas de vigilancia en el ciberespacio.