Buenos Aires, 9 de diciembre.

El Ministerio de Justicia de Argentina denunció esta tarde que los acuartelamientos y protestas policiales que abarcan ahora por lo menos a ocho provincias actúan bajo una una red organizada con fines desestabilizadores y aseguró que los saqueos -que anoche dejaron un muerto y 25 heridos en la ciudad de Concordia, en la provincia de Entre Ríos- no son espontáneos ni obedecen a necesidades alimentarias de la población.

Exhortó a las fuerzas policiales a retomar sus tareas y recordó que es ilegal y anticonstitucional privar a la población de un servicio público esencial como es la seguridad.

El gobierno investiga por lo menos cuatro redes sociales en las que se llama a la violencia, en una acción desestabilizadora que se produce precisamente en esta semana cuando este martes se recordarán los 30 años del retorno a la democracia, con una continuidad no vivida antes en el país.

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner invitó a todos los presidentes de esta transición democrática, que gobernaron entre 1983 y 2013.

Los sediciosos como los han calificado algunos gobernadores provinciales a los autoacuartelados o los que protestan amenazadoramente como sucede en La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, reciben aliento a través de redes sociales. Se están ubicando a los responsables de estos llamados a la violencia, que deberán ser llevados a la justicia. También el gobierno pide la intervención de la justicia, para todos aquellos que violen su obligación constitucional de no desamparar a la sociedad.

Por su parte, el secretario de Justicia, Julián Álvarez, denunció al ex comisario Salvador Baratta, actual concejal del opositor Frente Renovador, que lidera el diputado Sergio Massa, por una serie de declaraciones radiales, que permitían ver una preparación de estos conflictos y admitiendo que él mismo había parado algunas protestas policiales hasta el lunes próximo, dejando ver que los saqueos fueron algo así como una vendeta policial.

Pero dijo algo importante y es que le parecía que hubo intencionalidad en la forma cómo se solucionó el tema en Córdoba, que vivió una noche extremadamente violenta el pasado 3 de diciembre. El gobernador cordobés, José Manuel de la Sota, llegó del exterior al final de estos hechos y aumentó el salario básico a una cifra casi imposible de cumplir en otros lugares, más de 13 mil pesos de sueldo básico (unos 2 mil 80 dólares). Baratta sostuvo que esto alentó los levantamientos que evidentemente ya estaban previstos.

Por su parte, el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, confirmó que una persona murió electrocutada al intentar robar un artículo eléctrico durante los saqueos registrados anoche en Concordia, en medio del reclamo salarial de un sector de la policía provincial.

Urribarri afirmó que hubo instigación política detrás de los conflictos en varias provincias y sostuvo que en Concordia se trató de un puñado de 50 suboficiales, la mayoría con malísimos antecedentes.

El mandatario entrerriano se comunicó ni bien se enteró de la situación con el secretario nacional de Seguridad, Sergio Berni, antes de la medianoche e inmediatamente el personal que tenían en Prefectura y en Gendarmería en Concordia fue destinado a la seguridad de la población. El ministro de Gobierno, Adán Bahl, afirmó que los saqueos fueron promovidos por 50 o 60 personas, que son lo peor de la policía y advirtió que la actitud de los uniformados se encuadra dentro del delito de sedición, que no es excarcelable.

Reveló que un grupo de policía ingresó anoche a la Departamental (de Concordia) y que, coordinadamente, se organizaron una serie de saqueos en la ciudad. Dijo estar seguro que van a aparecer los responsables de la instigación y que los saqueadores no eran gente humilde, sino de buen pasar. La intervención de la Gendarmería logró poner fin a la situación, pero una ciudad que se había recuperado notablemente de la tragedia que vivió en 2001, había sido golpeada en una acción que condena todo el pueblo.

A su vez, el secretario nacional de Seguridad aseguró que la sociedad no puede ser rehén y víctima de un grupo minúsculo de policías a los que se les dio las armas no para que extorsionen.

Destacó la necesidad de que todo el arco político repudie las acciones de aquellos que, con estas actitudes irresponsables y hasta casi rozando lo delincuencial, someten a la población a una extorsión donde se ponen en riesgo los bienes tutelados por la Constitución como la vida y el derecho a la propiedad.

Dijo no tener ninguna duda de que, además de liberar zonas hay acciones premeditadas para que eso ocurra, en referencia a los saqueos y actos de vandalismo que se produjeron en distintos lugares en el marco del conflicto.

Consideró que, además de la discusión salarial, hay sectores (dentro de las policías provinciales) que quieren discutir la sindicalización pero no a través de los canales que corresponden sino de estas acciones repudiables.

También el ministro de Interior y Transporte, Florencio Randazzo, consideró que es muy llamativo el silencio de sectores de la oposición, mientras que el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, sostuvo que son acciones deliberadas que pretenden generar caos y zozobra.

Asimismo señaló que no es casualidad que este aspecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, al cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida.

El jefe de Gabinete indicó que sería un acto de irresponsabilidad fiscal por parte de los mandatarios provinciales responder a las demandas planteadas desde sectores de las policías más allá de su capacidad financiera. Además, remarcó que no es el método ni la manera de plantear reclamos salariales la extorsión a los gobiernos provinciales y recordó que todas las negociaciones salariales y paritarias se ejecutaron en 2013 y existe una agenda en ese sentido para 2014.

Capitanich agregó que es responsabilidad de los gobiernos provinciales encauzar las negociaciones, pero también es responsabilidad del Poder Judicial, que debe actuar ante estos hechos vandálicos.

Esta es otra noche tensa en todo el país. En Santa Fe los bancos y negocios estuvieron cerrados y los mismo sucedió en Concordia, pero también los hechos afectan a las provincias de Buenos Aires, Corrientes, Tucumán, Chubut, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, con algunos acuerdos en Neuquén y Ríos Negro, y otros estados donde el cunde el temor por las sombras del pasado golpista en el país.