Fiscales federales en Texas acusaron formalmente al ex gobernador de Tamaulipas Tomás Yarrington de haber recibido millonarios sobornos del narcotráfico para favorecer la operación de los cárteles de la droga y su distribución en Estados Unidos a través de la frontera. Junto al ex mandatario estatal de extracción priísta también está imputado el empresario Fernando Cano, cómplice en varios negocios del ex funcionario.

Del expediente se desprende que además de recibir sobornos del crimen organizado, incurrió en operaciones de lavado de dinero, al involucrarse en la adquisición de activos de alto valor en Estados Unidos, residencias y la apertura de cuentas.

Las imputaciones a Yarrington provienen de los juzgados de los distritos sur y oeste de Texas, e incluyen además a Investigaciones de Seguridad Nacional, la agencia antidrogas (DEA, por sus siglas en inglés) y el Servicio de Impuestos Internos de Investigación Criminal, que conforman el Grupo de Trabajo contra el Crimen Organizado y Control de Drogas en Brownsville, San Antonio y Houston.

El anuncio de la imputación criminal contrasta con el destino que tuvieron las averiguaciones de la Procuraduría General de la República de México, iniciadas bajo la administración panista de Felipe Calderón por delitos contra la salud, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.

En México, nada en su contra

Meses después del retorno del PRI al poder, la PGR dio por concluidas las investigaciones al ex gobernador –expulsado por el tricolor cuando se conoció de la averiguación previa–, porque una vez más los testigos protegidos incurrieron en falsedades y ello desembocó en esa resolución, según se dijo.

Yarrington, como gobernador de Tamaulipas –y previamente como responsable de las finanzas estatales bajo el gobierno de Manuel Cavazos Lerma– tuvo estrecha relación con la familia Bush, en especial con George Bush hijo, por la relación bilateral Tamaulipas-Texas.

Según lo que se dio a conocer este lunes en Brownsville, Texas, luego de una investigación que se prolongó por varios años, se concluyó que Yarrington y Cano –empresario constructor– incurrieron en conspiración para violar disposiciones sobre chantaje civil, influencia y organización corrupta, delitos que contempla la legislación estadunidense.

De acuerdo con el expediente, el ex mandatario tamaulipeco está acusado de lavado de dinero, lo que implicó incurrir en acciones fraudulentas y declaraciones falsas ante instituciones bancarias estadunidenses con garantías federales. Asimismo, se le imputan violaciones a la Ley de Sustancias Controladas, fraude bancario y operaciones con divisas ilegales.

Gobernador entre 1999 y 2004, Yarrington también participó en el proceso de selección interno del PRI para elegir a su candidato presidencial para 2006. En las imputaciones contra el ex gobernador se sostiene que las investigaciones arrojaron que, a partir de 1998, recibió importantes sobornos de los cárteles de la droga –del Golfo, Los Zetas y los Beltrán Leyva– para permitirles operar en gran escala e introducir importantes volúmenes de droga a Estados Unidos.

Tráfico desde Veracruz

De igual manera, se le acusa de participar en el tráfico de cocaína al país del norte entre 2007 y 2009, a través del puerto de Veracruz y mediante su vinculación con Cano, por conducto de la empresa Materiales y Construcciones Villa de Aguayo, constructora de Tamaulipas que recibió grandes contratos en la administración de Yarrington.

Mediante el uso de prestanombres, a partir de 1998 Yarrington también se involucró en la adquisición de bienes inmobiliarios, y a partir de 2005 de empresas, a través de las cuales pretendía encubrir operaciones ilícitas y la verdadera propiedad de los bienes.

Según el expediente, los bienes incluían aviones, residencias en Bexar, Cameron, Hidalgo y Hays, en todos los casos, mediante préstamos fraudulentos que involucraron a bancos texanos, entre ellos el First National Bank, con sede en Edimburg.

Con el anuncio de las imputaciones, los fiscales federales incluyeron un aviso de confiscación de algunos bienes identificados dentro de las investigaciones y que ya han sido incautados en Estados Unidos. Entre ellos se encuentran 46 acres (110 hectáreas) de tierra en Bexar, un condominio en South Padre Island, un avión Pilatus 2005 y las residencias en los condados de Hidalgo y Hays.