yer se internó por territorio nacional la novena Caravana de Madres Centroamericanas, integrada por 43 mujeres que buscan encontrar a sus hijos migrantes desaparecidos en México o, cuando menos, saber cuál fue su destino. No se cuenta con una cifra precisa de tales ausencias, pero en febrero de este año un representante del Movimiento Migrante Mesoamericano dijo a este diario que hay unos 70 mil migrantes desaparecidos (La Jornada, 24/2/13, p. 6).

Si muchas de las víctimas de la guerra declarada por el gobierno federal en el sexenio pasado aún permanecen en calidad de desconocidas, en el caso de los viajeros indocumentados –quienes, en su gran mayoría, cruzan el territorio mexicano con el propósito de llegar a Estados Unidos– la situación es más grave, toda vez que su completo desamparo jurídico e institucional hace imposible documentar los casos.

Es precisamente esa indefensión la que hace posible que los migrantes procedentes de países hermanos situados al sur del Suchiate enfrenten en el nuestro las circunstancias más adversas imaginables.

Carentes de todo tejido social a su alrededor; sujetos a extorsiones y atropellos de malos servidores públicos, al secuestro, la agresión física y la muerte por bandas criminales, y expuestos a accidentes ferroviarios y de tránsito, los centroamericanos que se internan en México sin papeles migratorios se ven impedidos, en la gran mayoría de los casos, de acudir ante autoridades policiales o administrativas o a centros de salud. Sólo el trabajo de unas cuantas organizaciones no gubernamentales y la labor de documentación realizada por grupos ciudadanos independientes atenúa en alguna medida el desamparo de esos habitantes temporales del territorio nacional.

Por otra parte, si hasta ahora las autoridades no han emprendido un esfuerzo verosímil de esclarecimiento de las miles de desapariciones de mexicanos ocurridas durante el gobierno de Felipe Calderón y en lo que va de la administración actual, cabe dudar que actúen con mayor diligencia en los casos en los que los ausentes son extranjeros.

En esta perspectiva, la determinación admirable de las madres que ayer llegaron a nuestro país en busca de sus familiares desaparecidos se enfrenta, una vez más, a la indolencia estructural y al sostenido desdén por la vida humana que parecen haberse apoderado de las instituciones.

En tales circunstancias, sería deseable que la llegada de las madres centroamericanas fuera capaz de generar la empatía y la solidaridad de una sociedad agraviada y desgarrada por la violencia y la barbarie desatadas por la criminalidad y por la estrategia de seguridad pública orientada a combatirla. Hasta ahora, esa sociedad no ha logrado articularse en un reclamo rotundo y masivo en demanda de paz, esclarecimiento y justicia para sus propias víctimas, y por una recuperación de principios éticos y humanitarios fundamentales: el respeto a la vida humana, la preservación de la integridad y la dignidad de las personas y la solidaridad para con quienes se encuentran en situaciones desfavorables o desesperadas, como es el caso de los migrantes centroamericanos que día a día se arriesgan a cruzar un país que para ellos, y para muchos mexicanos, se ha convertido en un infierno de ilegalidad, impunidad, abuso y muerte.