San Cristóbal de Las Casas, Chis., Las alrededor de 130 familias tzotziles de la comunidad Jolikalum, municipio de Chalchihuitán, acordaron rechazar los beneficios del programa de piso firme, debido a que tienen que cargar los materiales dos kilómetros, pues no tienen carretera desde hace 38 años, cuando se fundó el poblado, informó el agente rural Diego Pérez Sánchez. Dijo que para los pobladores que viven en situación de pobreza extrema representa gran sacrificio cargar en la espalda o en botes cemento, grava, arena y otros materiales para sustituir el piso de tierra que tienen en sus viviendas por uno de concreto. Agregó que por ello los vecinos de Jolikalum comunicaron a la Secretaría de Desarrollo Social que no aceptarían la ayuda, y el pasado 21 de noviembre se efectuó una asamblea en la que se firmó el acta de cancelación del proyecto. Señaló que los pobladores acordaron que mejor les entreguen láminas que son más fáciles de cargar, aunque el beneficio lo recibirán el próximo año, como parte de la segunda etapa del programa. Pérez Sánchez afirmó que les urge la construcción de la carretera, porque es un calvario que la gente se deba quedar por la falta de una carretera, y que sólo pueda entrar o salir a pie de la comunidad.

Zacatecas, Zac., 2 de diciembre.

San Cristóbal de Las Casas, Chis., Siete de los ocho indígenas detenidos el 16 de octubre en la selva Lacandona acusados de ecocidio y cambio de uso de suelo fueron liberados luego de pagar fianza de más de 30 mil pesos, informó uno de sus compañeros, quien dijo que sus familiares vendieron algunos bienes para juntar el dinero. Recordó que los ocho pobladores cum- plían un mandato de la asamblea de Nueva Palestina, municipio de Ocosingo, para vigilar la selva, cuando fueron detenidos por integrantes de la Secretaría de la Marina que los sorprendieron cortando un tipo de caña, supuestamente en peligro de extinción, y los consignaron.

Cuernavaca, Mor., El gobernador de Morelos, el perredista Graco Ramírez, aseguró que la revisión de las cuentas públicas de los ayuntamientos y las conductas de los alcaldes corresponde a la Auditoría Superior del Estado, dependiente del Congreso local, y no a la administración estatal. Así respondió al ser interrogado sobre la situación que se vive en el municipio de Amacuzac, donde, a casi un año de asumir el cargo, el edil Noé Reynoso Nava renta casas para despechar, debido a que su antecesor Alfonso Miranda ordenó destruir la sede del ayuntamiento.