l 1º de enero de 1927 las compañías petroleras trasnacionales se colocaron en abierta rebeldía contra el gobierno de la República, al negarse a aceptar las estipulaciones de las leyes reglamentarias del artículo 27 constitucional. El gobierno de Estados Unidos, cuyo presidente y principales funcionarios estaban personalmente vinculados al negocio petrolero, apoyaba a las trasnacionales y amenazaron incluso con la guerra.
En el delicado contexto del conflicto que amenazaba la integridad del país, nuestro secretario de Relaciones Exteriores, Aarón Sáenz, recibió una carta del abogado Antonio G. Azuara, a la que adjuntaba copia “del memorial que he entregado al señor procurador general de la República, en relación con el asunto de las compañías petroleras que no quisieron acatar las disposiciones de la Ley del Petróleo.
“Se servirá usted ver por ese memorial, que en el fondo de esa maniobra de rebeldía, más bien se encierra una deliberada intención de provocar dificultades de carácter internacional, procurando así un encubrimiento de punibles procederes que se han determinado en un cuantioso fraude de pequeños terratenientes mexicanos y aún de la nación misma [...].
Como del resultado de mi modesto estudio puede aprovecharse gran parte de sus conclusiones para una eficiente labor de vindicación en el orden diplomático, me atrevo ofrecer y someter ese trabajo a la muy discreta y sensata penetración de usted.
El memorial podía dar a nuestro canciller elementos para demostrar que las compañías no violaban sistemáticamente la ley mexicana desde enero de 1927, sino que era una inveterada costumbre suya, como podía ejuemplificarse más que sobradamente con el caso estudiado:
“Como es públicamente sabido que el poderoso y nefasto trust de la Huasteca Petroleum Company constituye el alma directriz de las impúdicas rebeldías que hostilmente se han enfrentado al acatamiento y respeto de una ley constitucional [...] estimo imperiosamente necesario aclarar y rectificar ante propios y extraños, que muy lejos de prevenir o defender una injusta confiscación sencillamente se trata de encubrir grandes lagunas de fango y de ignominia, que a poco de escudriñar, demostrarán meridianamente toda la infamia en que se sustentan hoy el orgullo y poderío de los magnates petroleros, protectores de estas rebeldías.
Por eso, para definir la situación de la Huasteca Petroleum Co, debo referirme al origen de sus derechos sobre el fundo Cerro Azul, de fabulosa producción, del que se apropio la compañía ilegítimamente, con el elocuente fundamento y apoyo de sus guardias blancas.
El estudio jurídico de los títulos de propiedad de la hacienda Cerro Azul, que en 1906 era propiedad de un condueñazgo integrado por varios campesinos mestizos e indígenas, muestro que estos títulos sufrieron cambios de propiedad turbios y sospechosos que iniciaron cuando los fundadores de la Huasteca (ya hablaremos de “Doheny El Cruel”) adquirieron mediante turbia cesión, un contrato para la explotación del subsuelo petrolífero de Cerro Azul. Poco después, haciendo caso omiso de la viciosa e ilegal apropiación del terreno por sus nuevos dueños, la Huasteca los adquirió, maniobrando a través de un bufete de abogados muy cercanos al gobierno de Díaz.
La lectura del expediente (que consulté en el archivo privado de Aarón Sáenz, que está abierto al público) evoca, muy puntualmente, la novela La rosa blanca, de B. Traven (llevada al cine por Roberto Gavaldón en 1961). El asesinato de uno de los condueños (Hilario Jacinto, el Jacinto Yáñez de la novela), que obligó a la venta de la hacienda por muy escaso dinero, y las maniobras de la compañía para apoderarse de los promisorios terrenos, demuestran que Traven no exageró en su pintura de los métodos de las compañías. El estudio de Azuara es exhaustivo y probatorio, y concluye que la procuraduría debe reivindicar los más de 57 millones de pesos de que la compañía se adueñó y devolver Cerro Azul a sus legítimos propietarios.
Ahora que el PRIAN suspira por esas mismas compañías, la lectura individual o colectiva de La rosa blanca puede ayudarnos a ilustrar algunas de las razones por las que nos oponemos a su regreso: están ahí su actuación sistemáticamente ilegal (y hasta criminal) y la rapiña que ejercieron sobre nuestros recursos; también las enormes dificultades del gobierno nacional por ponerles límites y someterlas a la ley, pues la novela, publicada en 1929, juega con dos tiempos: el porfirista y el del escritor, quien a través del nunca nombrado gobernador (evidentemente Adalberto Tejeda), muestra la virtual derrota del gobierno nacional en la lucha contra las compañías en el conflicto de 1926-1927. El país tendría que esperar once años más.
Twitter: @salme_villista
