La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) criticó que el Ejecutivo federal no haya enviado al Congreso su propuesta de legislación secundaria para telecomunicaciones y competencia económica; que el gobierno y los partidos políticos antepongan sus diferencias e intereses al mandato constitucional que garantiza el derecho a la información de los ciudadanos, y que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se mantenga en silencio ante el hecho de no tener legislación secundaria el 9 de diciembre, a pesar de que ello limite su actuación.

El organismo que preside Agustín Ramírez advirtió que la sociedad no debe ser burlada, y tampoco se debe generar más incertidumbre entre los inversionistas que tienen detenidas inversiones y decisiones hasta conocer los términos en que quedarán las nuevas reglas bajo las que se regirá el sector de telecomunicaciones y radiodifusión.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) ha asegurado que ya tiene la propuesta de legislación secundaria lista, pero que está sujeta a los tiempos del Pacto por México y la agenda legislativa.

Esta legislación dará pie a que se definan temas como la licitación de cadenas de televisión, la identificación de agentes económicos predominantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, la desincorporación de activos, entre muchos otros.

Existen propuestas amplias

En contraste, la Amedi y organismos como la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y Tecnologías de la Información (Canieti) presentaron propuestas amplias para que sean consideradas por los legisladores, y la diputada Purificación Carpinteyro tiene una más. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza, ha asegurado que la dependencia tiene lista la propuesta de legislación secundaria desde hace más de un mes, pero no se ha entregado porque depende de la agenda legislativa.

Hace un par de semanas diputados y senadores dijeron que la legislación secundaria no estaría lista para el 9 de diciembre como está previsto en la reforma constitucional, y ante la proximidad del plazo la Amedi criticó que los legisladores argumenten que no existen condiciones para discutir ni avalar esa normatividad, lo que hunde en la incertidumbre al sector y frena su desarrollo.

Dijo que si no se cumple el plazo de 180 días a partir del 11 de junio pasado el Ejecutivo y Legislativo incurrirán en omisión, e irán en contra de los derechos fundamentales.