l prolongado conflicto que ha provocado la reforma empresarial en la educación ahora amenaza con ir todavía más lejos. Además de la educación básica la reforma también incluirá obligatoriamente las licenciaturas y posgrados de todas las instituciones de educación superior (y las autónomas). Pasarían a convertirse en objeto de medición u observación por parte del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y de las autoridades educativas (gobiernos federal y estatales) cerca de 150 mil docentes (y directivos) y los más de 3 millones de estudiantes de UNAM, UAM, IPN, UPN, UACM y estatales; de las instituciones tecnológicas; de todas las privadas (UIA, Tec…), y también, de los centros de investigación y docencia (Colmex, CIESAS, DIE-Cinvestav).

¿Cómo puede ocurrir esto, si las universidades quedaron exentas en la Ley del Servicio Profesional Docente (artículos 1 y 2)? Muy simple, se las incorpora en otra ley, la del INEE. Primero, en ella se asienta que el sistema educativo nacional (artículo 5, XII) está constituido por todas las instituciones consignadas en el artículo 10 de la Ley General de Educación sin distinción de niveles, entre las que se encuentran expresamente las instituciones de educación superior a las que la ley otorga autonomía. Segundo, se establece que el sistema, sin excepción, será evaluado, y cómo : “la evaluación a que se refiere la presente ley consiste en… una medición u observación de componentes, procesos, o resultados del sistema educativo nacional...” (artículo 6). Tercero, quién evalúa: “la evaluación que lleve a cabo el INEE, así como las evaluaciones que en el ámbito de su competencia lleven a cabo las autoridades educativas… serán sistemáticas, integrales, obligatorias y periódicas…” (artículo 8). Además, quién coordina: el INEE tendrá por objeto coordinar el sistema nacional de evaluación educativa, así como evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo nacional (artículo 25). Cuarto, habrá un escrutinio amplísimo y detallado de la educación superior: el instituto diseñará y realizará mediciones y evaluaciones que correspondan a componentes, procesos o resultados del sistema educativo nacional respecto a los atributos de educandos, docentes, y autoridades escolares, así como de las características de instituciones, políticas y programas educativos (artículo 25). Quinto, sujeción: “las autoridades escolares de las instituciones educativas (…) tendrán las obligaciones siguientes: (…) otorgar al instituto y a las autoridades educativas las facilidades y colaboración para la evaluación; tomar las medidas que permitan la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás participantes en los procesos de evaluación, y facilitar que las autoridades educativas realicen actividades de evaluación para fines de diagnóstico y recaben directamente en las escuelas la información necesaria para realizar la evaluación”. (artículo 16). Así, en la Ley del INEE se abre un abanico enorme de vigilancia, control e intervención en el nivel superior.

Lo más preocupante es quién y desde qué perspectiva llevaría a cabo esta vigilancia. Ya es problemático que la evaluación –aun en las autónomas– esté a cargo de las autoridades federal y estatales y/o de una entidad sin autonomía real (INEE), pero preocupa más que, detrás de ellos, estén los autores de la reforma, las cúpulas empresariales que desde hace dos décadas han venido presionando (y logrando) que la educación toda se sujete a la visión del capital humano, la competitividad y la mercantilización. La propuesta educativa empresarial, tan agresiva en lo educativo como en lo laboral, ahora cuenta con todo un sistema nacional para la evaluación de la educación. Y detrás de las evaluaciones vendrán las insistentes y arrogantes recomendaciones, incluso exigencias empresariales (como ya lo vemos en sus documentos respecto de la básica). En nombre de la calidad, y ahora legalmente, viene la aplicación de más políticas empresariales en la educación toda, incluyendo la universitaria.

Obviamente, todo esto tiene muchas implicaciones. Una sola, el contraste: gran urgencia por implantar la reforma en la educación básica, pero nada hasta ahora en la superior. Probablemente en espera de que baje el conflicto en la básica, sin quererlo la SEP-INEE está mostrando que, en los hechos y discrecionalmente, puede suspender la aplicación de toda una ley en un sector del sistema educativo. Si ahora lo hace para evitar que las protestas se extiendan a las universidades, también lo puede hacer para algo todavía mejor en la básica: suspender la aplicación para que la reforma a la educación pueda discutirse en un terreno distinto al del conflicto, incluso sin suspender las clases. Mientras tanto, e independientemente de lo que ocurra a nivel obligatorio, responsablemente las autoridades universitarias deberían aprovechar el actual estado de suspensión para públicamente aclarar con la SEP-INEE las implicaciones de esta reforma, antes de que se aplique. Sin embargo, habrá que exigirlo, pues suele haber indiferencia entre los directivos. Como la que al extremo padece el rector Salvador Vega (UAM) frente a las pruebas que a él y a la junta directiva los señalan como violentando la legalidad en la designación de rector en las unidades Lerma y Xochimilco ( La Jornada, 19/11/2013, páginas 14, 39). Parafraseando a Luis Hernández Navarro, en la educación superior tampoco habrá recreo.

Una felicitación a Miguel Concha

*Profesor/investigador, Departamento de Educación y Comunicación, UAM-X