ara la ciudad de México hablar de reforma política es aludir a dos espacios: el primero se refiere a la propuesta de reforma de alcance nacional, ajustada a centralizar la gestión de los procesos electorales locales y federales, y el papel que en la misma se le asigna a la realidad política del Distrito Federal. El segundo tiene que ver con la reforma política desde el ámbito ciudadano y urbano popular.

En ambas dimensiones hay un común denominador: el papel y la importancia que se le da a la ciudadanía capitalina y sus organizaciones como actores centrales de estas reformas.

En el fondo de la propuesta de alcance federal, la capital del país y sus habitantes no cuentan (o interesan muy poco) y simplemente se trata de evadir el papel sustantivo que ha jugado en el proceso de democratización del país.

Cierto, respecto a la justa demanda de una reforma política surgida desde y para la ciudad de México existen varias interpretaciones; sin embargo, para garantizar la actuación de la ciudadanía como sujeto activo, se hace necesario: uno, una amplia difusión a la ciudadanía de los alcances e importancia de una constitución local; y dos, la conformación del constituyente por 40 participantes electos por los partidos, que garanticen la cobertura territorial de la ciudad; y por 40 ciudadanos representativos de la gama de sectores sociales que conforman el universo citadino; siendo en ese conjunto donde se discuta, decida y apruebe una Constitución para la capital. Por último, un referéndum donde la ciudadanía habraze su carta magna.

En cuanto a la propuesta nacional, para los ciudadanos y el movimiento urbano popular es elemental pugnar ante el conjunto de los legisladores federales y de las instancias partidarias nacionales para que, dentro de la oferta de reforma política federal, se incluya y pondere la demanda de la ciudad de México por su derecho a gobernarse a sí misma con los límites y alcances políticos, jurídicos y sociales que sus habitantes decidan.

El papel de las movilizaciones populares en la construcción de un gobierno propio para la ciudad de México es consustancial a la democracia y, por supuesto, la movilización social de los capitalinos ha sido determinante para el cultivo de la educación cívica, política y cultural de sus ciudadanos y, por ende, para la democratización del gobierno de la ciudad.

En ese tenor, el movimiento estudiantil de 1968, desarrollado principalmente en las calles de esta capital; el doloroso aprendizaje cívico en los terremotos de 1985; la insurgencia electoral de 1988 y la función que tuvo, en esta misma tarea, el conjunto de organizaciones cívicas, universidades y diversas personalidades en la convocatoria del plebiscito de marzo de 1993 para preguntarle a los ciudadanos su conformidad con el tipo de gobierno de la ciudad; la marcha a favor del alto a la guerra y por la paz en Chiapas en 1994; las feministas y los movimientos LGBTT, la primera marcha del orgullo se realizó en 1979 en la capital. La creación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, con grandes movilizaciones de masas en la década de 1980 y sus campamentos, aún hoy, ejemplos de dignidad y resistencia. La impresionante convocatoria ciudadana frente al desafuero contra AMLO en abril de 2005; todas estas movilizaciones ciudadanas convocaron a millones de citadinos en las calles de la ciudad capital.

Son sólo algunos ejemplos de la contribución de los ciudadanos a la política de avanzada existente en esta ciudad y constituyen los detonantes que reventaron los cimientos autoritarios del régimen en la capital del país.

La constitución para la ciudad de México no puede quedar limitada a lograr la capacidad de decisión del jefe de Gobierno local para nombrar a los titulares de seguridad y procuración de justicia; la constitución deberá contener elementos esenciales para la democracia: los derechos humanos como eje transversal de las garantías; la sustentabilidad y el respeto del medio ambiente como parte del desarrollo; la equidad de género y garantizar el derecho a la ciudad para todos sus habitantes, el derecho a ser ciudadanos plenos.

La relación entre el gobierno central y las delegaciones, tendría como base el provecho de sus habitantes y no sólo los intereses que prevalecen entre los órdenes de gobierno. (Las delegaciones, con autonomía presupuestal para la atención cabal de las demandas ciudadanas de su territorio.)

La democracia participativa, pivote de todas las acciones históricas de los ciudadanos y el movimiento urbano popular en la capital, deberá ser plasmada en su constitución por encima de la representativa. Habrán de superarse los obstáculos como el gradualismo o tirar la carga inútil que representan los pactos y acuerdos cupulares y sus foros para escucharse a sí mismos.

Son los habitantes de la ciudad los protagonistas de la construcción de un gobierno propio, toca a la clase política local garantizar que este derecho se plasme en la ley y en los hechos, buscando una reforma integral con todo el poder al ciudadano.

*Autor de El Retorno y organizador y dirigente de movimientos populares en el Valle de México