Investigadores y académicos del Centro de Investigación para el Desarrollo AC (CIDAC) manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que en 2016, cuando vence el plazo de ocho años para que se aplique en su totalidad la reforma de justicia penal del ex presidente Felipe Calderón, que incluye juicios orales, se apliquen viejas prácticas con nuevos nombres.

En conferencia de prensa en la que dieron a conocer el resultado de una investigación sobre los alcances que ha tenido la modificación al marco normativo de procedimientos penales en el país denominada Síntesis de hallazgos y metodología sobre la reforma de justicia penal, los académicos precisaron que si no se aterrizan los verdaderos fines de este nuevo paradigma de la justicia mexicana podremos quedarnos con grandes elefantes blancos, con un despilfarro de recursos innecesarios, además del desencanto y desconfianza de los gobernados.

María Novoa y Germán Garavana, ambos investigadores del CIDAC, coincidieron en señalar que hay un desconocimiento importante de los alcances de esta reforma, además de que la mayoría de la comunidad jurídica se está oponiendo a reducarse para enfrentar los retos procesales del nuevo sistema de justicia.

Según Novoa, en el país se corre el peligro de no aplicar correctamente el nuevo sistema de justicia penal, si no se corrigen los errores cometidos en los primero cinco años por falta de planeación y decisión política oportuna.

¿Cuál sería nuestro peor escenario en 2016? Tener viejas prácticas con nuevos nombres. Que esté en operación en todo el país el nuevo sistema de justicia sólo porque se le palomeó para cumplir con el plazo, destacó.

Añadió que el plazo es de 96 meses, es decir, ocho años; han transcurrido 66 meses y sólo nos quedan 30. Es un gran reto para el tiempo que resta.

En la actualidad sólo en Chihuahua, estado de México y Morelos opera el nuevo sistema completamente, en 13 de manera parcial, y el próximo año comenzará su aplicación en 14 entidades.