La aprobación de la reforma política en comisiones del Senado se pospuso para el próximo lunes, toda vez que aun cuando los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) habían decidido votarla este viernes, anoche los panistas decidieron esperar.

Tras la decisión del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de retirarse de las negociaciones, la mayoría PRI-PAN decidió que este viernes sesionen las cuatro comisiones dictaminadoras. Se citó formalmente a esa reunión, pero por la noche los integrantes del blanquiazul cambiaron de opinión, argumentaron que ya no estaban los 37 integrantes de ese organismo y todo se trasladó al lunes.

De acuerdo con el proyecto de dictamen que ayer circuló, se modifican cerca de 60 artículos de la Constitución a fin de cambiar diversos aspectos del sistema político electoral.

Entre las modificaciones fundamentales está crear un nuevo órgano responsable de los procesos comiciales, que sustituirá al Instituto Federal Electoral (IFE).

Se plantea instaurar un mecanismo diferente para la elección de consejeros electorales, y que sean 11, en lugar de los nueve actuales.

Asimismo se propone elevar a tres por ciento el umbral para registro de partidos, que actualmente es de dos puntos porcentuales de la votación, y permitir la relección consecutiva de legisladores y alcaldes, así como disminuir dos meses la fecha para la toma de posesión del presidente electo.

La decisión del PRD de abandonar las negociaciones de la reforma política obligó a cambiar las fechas, y en lugar de aprobar el dictamen ayer en las comisiones de Puntos Constitucionales, de Gobernación, de Estudios Legislativos Segunda y de Reforma del Estado, como se había planeado, se hará hoy. Además se convocó a sesión del pleno el próximo lunes, cuando se dará primera lectura al dictamen.

El perredista Alejandro Encinas advirtió que persiste la pretensión del PAN de que la relección inmediata de legisladores opere a partir de 2015 para los diputados y de 2018 para los senadores, lo que implica legislar en beneficio propio.

También consideró negativo el requisito de que para registrar nuevos partidos, éstos logren 3 por ciento de la votación total, toda vez que la disposición es no sólo a nivel federal, sino también estatal y en muchas entidades persistirá el bipartidismo.

El proyecto de dictamen, que se terminó de elaborar a las 4 de la madrugada de ayer, tiene varios artículos encorchetados, entre ellos los referidos a la fecha en que operará la relección de legisladores.

Quedaron pendientes de consenso las causales de nulidad de la elección, ya que el PRI pretende que se instaure el criterio de determinancia, el mismo que empleó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en 2006 para no anular los comicios, pese a que reconoció que se habían violado diversos preceptos y el entonces presidente de la República intervino de manera ilegal.

Se destaca en el anteproyecto de dictamen que con la creación del instituto nacional electoral (INE) se retirarán las funciones más controversiales de los institutos locales, que han puesto en duda su imparcialidad.

El INE estará integrado por un consejero presidente y 10 consejeros electorales, que durarán en el cargo nueve años y no podrán ser relectos.

Para su nombramiento, la Cámara de Diputados emitirá la convocatoria. Se contará con un comité técnico de evaluación, integrado por siete personas de reconocido prestigio, de las cuales tres serán nombradas por el órgano de dirección de la Cámara de Diputados, dos por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y dos por el organismo garante previsto en el artículo sexto constitucional.

De igual forma, se otorga autonomía a la Procuraduría General de la República, y se transforma en fiscalía general de la República, que entraría en vigor el primero de diciembre de 2018.