egún los resultados de la más reciente evaluación de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de Zacatecas, en materia de transparencia los partidos políticos destacan por su opacidad; sin embargo, el problema de fondo no es sólo la opacidad, sino las fallas en los sistemas de representación y toma de decisiones. Una burocracia que se eterniza y toma las grandes decisiones en la cúpula y deja a sus militantes marginados de la posibilidad de ser nombrados representantes, no son consultados sobre los posicionamientos o sobre las propuestas que enarbolan.

Si analizamos al Pacto por México, ni siquiera los actuales legisladores han sido consultados sobre los compromisos de éste; mucho menos la discusión es llevada a las militancias, y aún menos se preocupan en tomar en cuenta a los ciudadanos comunes. Sin embargo, los partidos políticos, desde 1977, se conciben como entidades de interés público, por tanto, tienen la obligación de transparentar sus recursos. Si esto falla, significa que los partidos políticos hoy actúan contra el objetivo para el que fueron creados y ya no se justifica su existencia tal como son ahora, por ello se debe repensar todo el sistema de partidos y reconstruirlo desde sus cimientos, por lo que la crisis es muy profunda.

Una oportunidad para repensar el sistema de partidos en México y Zacatecas es el contenido de la Ley de Partidos Políticos: la forma en cómo eligen y postulan a sus candidatos, la manera de dar a conocer sus candidaturas, los mecanismos de promover la participación política de los ciudadanos, las formas internas de tomar decisiones, la manera en que representarán a los diferentes grupos o sectores sociales y, por supuesto, las exigencias de poner ante la luz pública sus actividades y el gasto de los recursos públicos con que se les dota.

Por desgracia, son los propios partidos quienes tienen que aprobar esta ley. Lo que esperamos es que hagan uso de la prudencia para realizar los cambios que lleven a refundar el sistema de partidos, pues los costos de no hacerlo serían muy altos: el retiro de los ciudadanos de la política conduce necesariamente a pensar que el lugar para gestionar los cambios sociales no es ningún sistema de representación política; por tanto, sólo queda el asalto al poder o la retirada de la vida pública; ambas opciones son de graves consecuencias.