i se atiende la información oficial, en México poco más de 5 por ciento de la población económicamente activa (PEA) se encuentra desocupada. En números redondos, tal proporción equivale a 2 millones 700 mil personas, pero de acuerdo con otras mediciones tal monto se eleva a casi 9 millones de mexicanos en tan precaria situación. ¿En qué consiste la diferencia?

El Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM advierte que en México se oculta el 70 por ciento del desempleo y la precarización de los trabajadores, y lo detalla de la siguiente forma: la población desempleada no es de 2.7 millones de personas, como lo manejan las fuentes oficiales, sino que se trata de casi 9 millones de personas que no logran obtener un empleo, ya sea formal o informal; los altos niveles de desempleo en México persisten a pesar de la reforma laboral, y al contrario de lo que se esperaba, la mayor parte de los empleos generados este último año fueron informales y con mayor precarización.

El CAM detalla que el Inegi reconoce que la tasa de desocupación que calcula no mide el desempleo, de allí que el propio Centro, utilizando parámetros de la Organización Internacional del Trabajo, construyó desde 2005 una metodología para la medición del desempleo; con la cual obtiene los siguientes resultados: para el tercer trimestre de 2013 la población desempleada en México es de 8 millones 900 mil 222 personas y la tasa de desempleo es de 15.2 por ciento. La población desocupada que reporta el Inegi apenas es el 30 por ciento de la población desempleada, es decir, con la tasa de desocupación del Inegi se encubre 70 por ciento del desempleo y de la precarización del trabajo y del nivel de vida de las familias.

Desde el comienzo de la gestión de Enrique Peña Nieto, la población ocupada creció en 500 mil 108 personas de las cuales al menos 286 mil 160 fueron empleadas informalmente. Esto quiere decir que de todos los empleos que se generaron en este año, al menos 57.2 por ciento son empleos informales. De 2005 a la fecha, la población desempleada ha crecido en términos absolutos en 2 millones 784 mil, lo que significa un aumento de 45 por ciento. Desde la (más reciente) crisis los niveles de desempleo se dispararon, manteniéndose siempre altos hasta hoy en día. De lo anterior se desprende que el efecto que se clamaba tendría la reforma laboral ha sido un fracaso. Su verdadero carácter se ha enfocado en la flexibilización de la fuerza de trabajo y la pérdida de derechos laborales, ya que sólo vino a legitimar formas de precariedad en el empleo en las cuales ya incurrían varias empresas en el país desde antes de 2012.

La reforma laboral calderonista, avalada por el gobierno entrante, prometió beneficios a trabajadores, patrones y a quienes en la actualidad no encuentran empleo, y presumía la creación hasta de 400 mil plazas adicionales a las que actualmente se generan en el país, de tal suerte que el desempleo rápidamente se reduciría. Sin embargo, a un año de promulgada ha sucedido todo lo contrario. ¿Qué nuevas explicaciones y justificaciones serán las que tendrán que dar los grupos afines al poder para explicar el estancamiento económico del país aun a pesar de que le han trasladado el costo de la crisis a las clases trabajadoras?

En este sentido, apunta, la reforma laboral no se hizo con el fin de generar empleo, sino simplemente para legalizar los métodos de explotación que desde antes venían operando de manera ilegal hacia los trabajadores y cuyo objetivo ha sido trasladar hacia ellos los efectos de la crisis, efectos que por lo demás tendría que hacerse cargo el capital”.

El citado centro de análisis subraya que los organismos oficiales no toman en cuenta el 70 por ciento del desempleo, y una tasa de desempleo construida con parámetros de la OIT resulta siempre alrededor de 10 puntos porcentuales más alta que la tasa de desocupación del Inegi. Como consecuencia, esta población queda también fuera de los análisis de políticas públicas realizados por instituciones gubernamentales y se hace poco por ella, ignorando o desmintiendo su existencia, y queda en duda las actividades que ésta realiza o cuál será su futuro.

El resultado de las políticas económicas y laborales impuestas por el Estado mexicano se ejemplifica con lo siguiente: de 2005 a la fecha se incrementó el desempleo de más de 6 millones de personas a cerca de 9 millones, y la tasa de desempleo nacional se incrementó de 12.9 a 15.2 por ciento, lo que se ha traducido en creciente pobreza, más migración, mayor precariedad en el empleo, incremento de la delincuencia y la violencia. Menos empleo y salarios dignos, menos oportunidades de un futuro mejor, menos esperanza de un país mejor para todos.

El CAM propone formular una tasa de desempleo en la que se incorpore tanto a la población desocupada dentro de la PEA, como a las personas consideradas disponibles. Entender la diferencia de estos conceptos resulta nodal. Por ejemplo, para el tercer trimestre de 2013 la población desocupada fue de 2.7 millones (es lo que reporta el Inegi), mientras 6.2 millones de mexicanos de la población está disponible (que no reporta el Inegi). Esto quiere decir que la población desocupada es apenas el 30 por ciento de la población desempleada.

Entonces, si los citados han sido los resultados concretos de la reforma laboral, pregunta el CAM: ¿el resto de las reformas estructurales tendrá un comportamiento similar? ¿Qué nuevas explicaciones y justificaciones serán las que tendrán que dar los grupos afines al poder para explicar el estancamiento económico del país, aún a pesar de que le han trasladado el costo de la crisis a las clases trabajadoras? ¿Esto es lo que celebran cuando aprueban las llamadas reformas estructurales que varios grupos políticos, empresariales, académicos y laborales claman como solución para el bajo crecimiento de la productividad y niveles de vida de las mexicanas y mexicanos?

Las rebanadas del pastel

Pues nada, que no sólo hay que pagar a tiempo los impuestos para rescatar empresas gallegas, sino a otras de diferentes nacionalidades: la reforma financiera aprobada por los senadores posibilita nuevos rescates de bancos y de casas de bolsa con recursos públicos, similares al que se hizo a través del Fobaproa, y promueve la extranjerización ilimitada de todo el sistema financiero. A pagar, pues, que ese es el precio de la modernidad.

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