on este tema se desarrolló la trascendente reunión del Congreso del Trabajo de Canadá durante los días 18 y 19 de noviembre en Ottawa, la capital de este sorprendente país. Presidida por Ken Georgetti, esta organización cúpula del movimiento obrero canadiense reunió a los líderes de los 34 sindicatos más grandes e importantes, que juntos representan a 3.5 millones de afiliados sindicalistas. Una vez más, se refrendó el apoyo incondicional a la lucha del sindicato nacional de mineros de México y a su dirigente, demandando al gobierno de Enrique Peña Nieto terminar de una vez por todas con este irracional conflicto y otorgar la seguridad y protección absolutas para mi regreso y para que la histórica organización sindical de los mineros vuelva a la normalidad.
El marco general de referencia es la desigualdad, las reformas laborales antisindicales y los constantes ataques contra el movimiento obrero por parte de los gobiernos conservadores del mundo globalizado. En estas condiciones, se destacó el hecho de que actualmente existen muchas empresas en todos los países que se niegan a cumplir y respetar las responsabilidades básicas con sus trabajadores y su personal operativo, tal como lo establecen las leyes. Lo mismo sucede con los gobiernos, particularmente si éstos son de un corte reaccionario, como los anteriores del PAN en México, donde protegieron y encubrieron el amasiato entre la corrupción oficial y esos grupos particulares generadores de conflictos y opositores al cambio de la historia.
En la actualidad, más de 70 por ciento de las inversiones extranjeras en la minería de México proviene de Canadá. La gran mayoría cumple con sus obligaciones, pero hay otras empresas y algunas mexicanas que no respetan el estado de derecho, porque así se los permiten funcionarios en el gobierno a escalas federal, estatal y municipal.
Por el lado nacional hay algo muy simple, pero que al parecer a muchas empresas mineras que operan en México les parece muy difícil de cumplir, que es obedecer la ley. Esas empresas muestran su cara antisocial cada vez que son urgidas a satisfacer su compromiso con la nación, tanto en lo que se refiere a impuestos como a las regalías que por la extracción de minerales y metales están obligadas a pagar al país, su propietario original, como a los beneficios que por renta de tierras ellas mismas acuerdan con las comunidades de las que obtienen el permiso para explotar dichos recursos naturales, sin respetar la preservación del medio ambiente. En principio se niegan a satisfacer esas demandas justas, legítimas y legales, y las cumplen contra su voluntad sólo después de que no les queda otra alternativa que obedecer.
Juegan al olvido o a la debilidad tanto del Estado como de las comunidades, a ver si en algún momento a sus contrapartes se les olvida y pueden eludir dichos pagos. De eso ha estado empedrado el camino de muchas empresas mineras que, no obstante, cada vez que pueden se pregonan a sí mismas como socialmente responsables
, no sólo faltando a la verdad sino a la ley. Por fortuna no son la mayoría de las compañías del ramo minero, metalúrgico y siderúrgico las que evaden sus responsabilidades con la nación, sino tres o cuatro muy bien identificadas y situadas en los parámetros de la prepotencia insolente, que desde hace años vienen lucrando con esta situación.
Para vergüenza de muchos mexicanos –congresistas, gobernantes o solamente ciudadanos–, el legislador canadiense Bernard Trottier, del Parlamento de su país y presidente del Grupo de Amistad México-Canadá, declaró el viernes 15 de noviembre en una reunión realizada en la capital mexicana que es responsabilidad del gobierno generar leyes que propicien una mejor operación de las empresas mineras en el territorio nacional, y que en su país las mineras respetan el medio ambiente, las tradiciones y la cultura de las poblaciones donde se asientan, y aportan significativas cantidades de recursos, a modo de impuestos, para impulsar la educación, la seguridad social y la seguridad pública.
Cada año –precisó el legislador Trottier– las compañías mineras aportan en Canadá 30 mil millones de dólares (cerca de 411 mil millones de pesos mexicanos) por la vía de los impuestos, recursos que se utilizan para la promoción de la educación, el desarrollo de los habitantes –que también se llama desarrollo humano
– y la seguridad. Afirmó que de las empresas canadienses se espera siempre que cumplan las leyes del país en el que están operando, incluyendo las normas ambientales, laborales y fiscales. Entonces, señaló Trottier, al final del día dependerá del Congreso mexicano saber cuáles son las leyes que van a poner en marcha.
En el editorial de La Jornada del sábado 16 de noviembre se destaca que “las empresas mineras que operan en México, y las canadienses en particular –Excellon Resources, First Majestic Silver, Fortuna Silver Mines, Continuum Resources, Timmis Gold, Starcore International Mines, Aurico Gold y Agnico-Eagle Mines, entre otras—han sido objeto de múltiples y razonadas denuncias por atentar contra los derechos sociales, culturales y ambientales de los entornos en que se asientan, por violentar sistemáticamente los derechos de sus trabajadores y por gozar de desmesurados beneficios fiscales y de condiciones mucho más ventajosas de las que obtienen en sus países de origen.
“Debe recordarse –señaló el editorial de La Jornada– que en el marco de las negociaciones de la reforma fiscal recientemente aprobada, las mineras canadienses amenazaron con abandonar el país en caso de que se diera luz verde a la creación de un impuesto especial a las utilidades de la explotación… La postura del funcionario canadiense podría ser vista como un llamado al Legislativo y al Estado mexicano en general para que ejerza la soberanía que le corresponde sobre esa enorme fuente de riqueza, y sería, en ese sentido, irreprochable.”
El camino está trazado y las experiencias de otros países también. Ahora sólo falta la fuerza y la voluntad política para lograrlo.
