on el telón de fondo del escándalo por la divulgación del espionaje masivo y sistemático puesto en práctica por Estados Unidos contra gobiernos, instituciones, empresas y ciudadanos de todo el mundo, la tercera comisión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó ayer por unanimidad una resolución que señala que la vigilancia ilegal y la intercepción de las comunicaciones y la recopilación ilegal de datos personales constituyen actos de intrusión grave que violan los derechos a la privacidad y a la libertad de expresión y pueden amenazar las bases de una sociedad democrática. A renglón seguido, el documento indica que los estados miembros de la ONU están muy preocupados por las violaciones a las garantías individuales que puedan cometerse al amparo de prácticas como la referida, y solicita a la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos que se elabore un informe provisional sobre la protección del derecho a la privacidad en el contexto mundial presente.

El pronunciamiento reviste importancia en la medida en que constituye una primera respuesta internacional, si bien tardía e insuficiente, ante las estructuras y prácticas de espionaje masivo desarrolladas por el gobierno estadunidense y que han venido siendo evidenciadas por las revelaciones de Edward Snowden y Wikileaks. Tales prácticas, en efecto, violentan en forma sistemática y planeada la legalidad internacional –en la medida en que el espionaje es un delito tipificado y castigado en legislaciones de diversos países–, traicionan la confianza de gobiernos y países que públicamente son tratados por Washington como socios y aliados, y se traducen en masivos atropellos a los derechos humanos en casi todo el planeta, empezando por el propio territorio de Estados Unidos.

Tales elementos, sin embargo, no han dado pie hasta ahora a un deslinde claro y a una condena enérgica del organismo multinacional, y ello se debe tanto al peso específico de Washington en el seno de la propia ONU como a la actitud tibia y errática que han mostrado algunos de los gobiernos agraviados. En el caso de México, debe recordarse que, tras la revelación de que Estados Unidos había venido realizando un monitoreo ilegal e injerencista en las más altas esferas institucionales del país, empezando por la Presidencia de la República, y que incluso espió a Enrique Peña Nieto cuando éste era candidato presidencial, el gobierno mexicano reaccionó en forma obsecuente y claudicante, se limitó a solicitar una explicación a sus contrapartes estadunidenses y renunció de esa forma a asumir una postura digna y soberana.

Dicha reacción, adoptada por el gobierno de una nación dependiente y periférica como la nuestra, resulta tanto más desconcertante en el caso de potencias económicas mundiales, como Alemania: apenas el pasado lunes, el premio Nobel alemán Günter Grass criticó la cobardía política del gobierno de Angela Merkel y le reprochó que no actúe en defensa de los ciudadanos de su país que hemos sido espiados en contra de nuestra Constitución y nuestros derechos.

En este contexto, la postura de la ONU es muestra de que la divulgación de las filtraciones efectuadas por Edward Snowden y Wikileaks ha empezado a mermar, así sea en forma acotada, la influencia y la proyección mundial de Washington, y que ello plantea un escenario propicio para que la comunidad internacional constituya un frente común para exigir a la Casa Blanca y al Pentágono el desmantelamiento de su aparato de espionaje electrónico y la destrucción de la información que han obtenido en forma ilegal e ilegítma. De otra forma se estará profundizando la fractura actual entre muchos de los gobiernos nacionales y sus respectivas poblaciones.