Morelia, Mich., 22 de noviembre.

Once viudas de la comunidad indígena de Cherán han sido víctimas de represalias e indiferencia debido a que han denunciado ante las autoridades estatales y federales los asesinatos, desapariciones o agresiones contra sus familiares, a manos de criminales que operan en esa región.

Cherán es una de tantas comunidades michoacanas azotadas por el narco, y si bien la mayoría de sus pobladores forman parte de un movimiento de defensa de sus propias vidas y de los recursos naturales de la región, hay un pequeño grupo de familiares, 11 viudas principalmente, que han emprendido su propia lucha por la justicia y la dignidad.

Ninguna de las investigaciones de los asesinatos ha dado resultado, pese a la gran cantidad de evidencias que las familias han aportado a las autoridades, las que reviran que no hay elementos suficientes para poder concluir satisfactoriamente las indagatorias.

Por ahora sólo hay denuncias por los asesinatos de Plácido Fabián Ambrosio, Armando Hernández Estrada, Domingo Chávez Juárez, Alfredo Macías Cucue y su nieto Alfredo Francisco Gerónimo Macías, Leopoldo Juárez Urbina, Urbano Macías Rafael, Guadalupe Gerónimo Velázquez, Pedro Juárez Urbina e Hilario Gembe Estrada.

Hay otras cuatro denuncias por secuestro y una por el intento de asesinato de Eugenio Sánchez Tehandón, el único sobreviviente de un ataque de grupos armados, pero se encuentra en estado vegetativo y, a pesar de que el gobierno estatal comprometió apoyos para su rehabilitación y de haber sido intervenido quirúrgicamente en varias ocasiones, su familia no ha recibido recursos para financiar los tratamientos.

A Sánchez Tehandón se le sustrajo una bala de la cabeza en el hospital Star Médica de Morelia, misma que horas después se reportó como extraviada.

Todos los asesinatos ocurrieron en enfrentamientos y emboscadas ocurridas en los cerros de San Miguel, Las Tres Esquinas, De los Cuates, El Resinero y El Tecolote, así como en calles de la cabecera municipal, como fue el caso de Plácido Fabián Ambrosio, quien fue atacado junto con su esposa en su domicilio en las fiestas patronales de 2009.

La mayoría de los homicidios ocurrieron de día y frente a testigos; es el caso de Armando Hernández Estrada, quien formaba parte de una multitud que acudió a encarar a los talamontes cuando fue asesinado. Esa misma gente presenció su asesinato y lo cargó hasta la comunidad.

Sólo uno de los comuneros estaba solo cuando fue ultimado: Domingo Chávez Juárez, quien fue a recolectar resina al cerro y cuyo cuerpo fue localizado con huellas de tortura y varios impactos de bala 11 días después de su fallecimiento.

Otro caso es el de la familia Macías Cucue. Alfredo, de 66 años, fue acribillado el 17 septiembre de 2009. Ese día recogía ocote junto con sus dos nietos, Alfredo Francisco, de 16 años, y Ramón, cuando fueron atacados con armas de fuego. Ramón pudo escapar ileso para dar aviso a la familia, pero Alfredo Francisco fue herido y dejado en el lugar, al creerlo muerto.

Pese a la gravedad de sus heridas, el menor sobrevivió y se recuperó. Rindió testimonio sobre el asesinato de su abuelo, pero el 12 de agosto de 2009, 10 meses después, los mismos criminales volvieron por él y lo mataron.

De acuerdo con los expedientes, la averiguación por el asesinato de Alfredo Francisco contiene irregularidades importantes, como el hecho de que no se hizo inspección ocular en el lugar de los hechos, no se practicó fe ministerial en las lesiones de los testigos y los testimonios se levantaron en una sola actuación.

El expediente más antiguo es el del secuestro y asesinato de Leopoldo Juárez Urbina, en 2008. En las investigaciones están involucrados Roberto Bautista Chapina, el último presidente municipal elegido por el sistema de partidos, y Efraín Chávez, quien fuera síndico municipal; presuntamente lo habrían amenazado semanas antes de su desaparición.

Los dos asesinatos más recientes reportados ocurrieron el 8 de julio de 2012, cuando Urbano Macías Rafael y Guadalupe Gerónimo Velázquez fueron agredidos por hombres armados, presuntamente pobladores de la comunidad vecina de El Cerecito. No obstante, sus viudas han decidido abandonar la investigación y no involucrarse más en el proceso.

Lourdes, la viuda de Urbano, no tiene confianza en las autoridades. El nulo avance de las investigaciones le hace creer que el asesinato de su esposo quedará en la impunidad. Tampoco ha recibido apoyo de las autoridades comunales, estatales ni federales que le permita dejar de mantener a su familia para dar seguimiento al caso.

Es una batalla poco comprendida por el resto de los cheranenses y son muy escasos los resultados. Lo único que queda a los sobrevivientes es la resignación y seguir trabajado, pues ya ni siquiera confían en que las cosas cambiarán con el gobierno comunal.