a LI Reunión Interparlamentaria México-Estados Unidos concluyó ayer con la difusión de un comunicado conjunto en el que la delegación estadunidense manifestó su interés por una mayor interdependencia y seguridad energética en Norteamérica y felicitó a su contraparte mexicana por la aprobación de las reformas que se han llevado a cabo en el último año, impulsadas por la Presidencia y los partidos aliados.

Aunque no se mencionó expresamente, el inocultable telón de fondo de dichas declaraciones del Legislativo estadunidense es la discusión parlamentaria que se desarrolla en nuestro país en torno a la iniciativa de reforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto –la cual propone la apertura de la industria petrolera nacional a la iniciativa privada–, que ha estado marcada por un sistemático rechazo a escuchar a la población e instalar un debate real sobre el tema, más allá de ejercicios de simulación como los foros realizados en el Senado.

En esa perspectiva, es al menos inquietante que los legisladores encargados de discutir y votar esa iniciativa muestren disposición a escuchar a congresistas del vecino país antes que a sus representados y que un asunto de crucial importancia para la viabilidad de México, como el energético, sea tratado como tema de la agenda bilateral, en la medida que los intereses nacionales y los de la región no necesariamente son complementarios e incluso pudieran ser y estar contrapuestos. Cabe preguntarse, por ejemplo, si la insistencia gubernamental en ampliar la plataforma de producción petrolera y de acentuar el sesgo exportador de la explotación de los yacimientos nacionales tiene en efecto la intención de asegurar el abasto de crudo y sus derivados a la población mexicana, como se asegura en la iniciativa presidencial, o de garantizar el surtido del consumidor de energía más dispendioso del planeta: Estados Unidos.

Asimismo, el gobierno mexicano debería aclarar si la preservación de la soberanía nacional en materia de hidrocarburos es compatible con su esfuerzo, reconocido por los legisladores estadunidenses, de consolidar la seguridad energética de la región integrada por México, Estados Unidos y Canadá, pues es claro que la política nacional en materia petrolera pudiera quedar, en dicho escenario, supeditada a las necesidades y los requerimientos energéticos de aquellas dos naciones.

Otro aspecto criticable del comunicado de la reunión interparlamentaria es la insistencia de los representantes estadunidenses en profundizar la cooperación binacional en materia de combate al crimen organizado, una dinámica que, durante la administración de Felipe Calderón y a instancias de la Iniciativa Mérida, derivó en la intromisión sistemática de Estados Unidos en cuestiones de seguridad e inteligencia que corresponden exclusivamente al Estado mexicano. En un momento en que es manifiesta la necesidad de reconfigurar la estrategia gubernamental de seguridad y combate a la delincuencia como primer paso para erradicar escenarios de ingobernabilidad como los que se viven en Michoacán, la supeditación de dicha política a los inciertos intereses regionales podría ser un lastre antes que una solución.

Desde una perspectiva general, las consideraciones mencionadas ponen de relieve los efectos negativos del proceso de integración regional en que se han involucrado los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari a la fecha, lo cual ha implicado la realización de concesiones de soberanía a cambio de beneficios prácticamente nulos y a costa del desmantelaimiento de la propiedad pública, de la destrucción del campo, del empobrecimiento de la sociedad en general, de la creciente dependencia económica y de la intromisión y debilitamiento del Estado en el cumplimiento de sus funciones más elementales.