n el marco de la firma de un convenio con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró que los grupos de autodefensa –como los que actualmente operan en localidades de la tierra caliente michoacana– no se extenderán por todo el país, pues los operativos del gobierno federal para recuperar la seguridad en todo el territorio nacional están dando resultados y les quitarán el pretexto a quienes dicen estar buscando la justicia.

Sin pasar por alto que las autodefensas o guardias comunitarias son contrarias a la legalidad vigente, debe señalarse que declaraciones como las del titular de la PGR soslayan que el surgimiento de esas grupos en Michoacán y en otras entidades son síntoma y no causa del quebranto generalizado del estado de derecho y que constituyen una respuesta social desesperada a la descomposición institucional prevaleciente en el país. En efecto, ante el vacío generado por la claudicación a sus funciones de las dependencias del Estado, frente al acoso sistemático de la delincuencia organizada convertida incluso en autoridad de facto –dedicada al cobro de cuotas a los pobladores a cambio de protección–, y en el contexto de la crisis económica que se abate sobre los sectores mayoritarios de la población, resulta inevitable que diversas comunidades pongan en práctica formas de organización autónoma para proveerse de seguridad y procurar una forma –así sea ilegal e irregular– de justicia.

Otro factor que alienta el surgimiento de esas formas de organización es que, a pesar de los deslindes iniciales que la actual administración formuló hace prácticamente un año, la estrategia de seguridad de este gobierno no ha cambiado en lo sustancial con respecto a la de su antecesor: como admitió el propio Murillo Karam ayer, en Michoacán y en otras entidades del país la presencia del Estado se sigue limitando al despliegue de militares o de elementos de la Policía Federal y a la realización de operativos que no han logrado traducirse en una disminución efectiva de la violencia ni en un debilitamiento de las organizaciones delictivas. En cambio, hasta ahora han brillado por su ausencia las acciones concretas de combate a la corrupción en los tres niveles de gobierno y las medidas orientadas a impedir la connivencia entre autoridades y grupos delictivos, elementos sin los cuales no será posible restablecer el clima de paz social cuya ruptura explica el surgimiento de organizaciones irregulares como las referidas.

En suma, no es con advertencias como las formuladas ayer por Murillo Karam y por otras autoridades del ámbito federal y local como podrá contrarrestarse la proliferación de grupos de autodefensa: por el contrario, la circunstancia nacional requiere de un deslinde inequívoco del gobierno federal con respecto a la estrategia de seguridad pública impuesta por la administración calderonista; de una intervención coherente e integral, orientada a combatir la delincuencia organizada desde sus causas profundas –que son económicas, políticas y sociales– y a sanear en forma efectiva los cuerpos policiales federales, estatales y municipales.