Desde hace varias décadas, el gobierno mexicano permite el saqueo de los recursos mineros del país a empresas extranjeras, fundamentalmente canadienses, pero el problema no se resuelve sólo con mejorar las leyes vigentes en la materia, se requiere que el gobierno federal obligue a los consorcios a cumplir con la legislación vigente, además de pagar impuestos de acuerdo con las utilidades que obtienen, advirtieron los senadores del PRD Dolores Padierna y Alejandro Encinas.

Ambos manifestaron sus diferencias con lo expresado por el presidente del Grupo de Amistad México-Canadá, Bernard Trottier, quien consideró que el Congreso debe regular la operación de las mineras canadienses instaladas en México. Es el gobierno el que debe meterlas al orden, ya que particularmente desde la administración de Carlos Salinas de Gortari ha habido gran laxitud y hasta complicidad que les permite violar la ley, contaminar regiones, explotar a los trabajadores y llevarse la riqueza a sus naciones de origen, recalcaron.

Padierna detalló que desde el punto de vista empresarial la minería es una actividad privilegiada, toda vez que sólo paga 0.3 por ciento de impuestos directos a la producción, una cifra ridícula si se compara con 71.1 por ciento con que se grava la extracción de hidrocarburos.

Altas ganancias, bajos impuestos

Expuso que el porcentaje tan bajo de impuestos que pagan las empresas mineras permite que sus utilidades sean de 93.5 por ciento, mientras en la explotación de gas y petróleo es de 26.9 por ciento. “Ello explica que pese a la gran riqueza en oro, plata, platino, cobre y otros metales, la participación de la minería en el producto interno bruto (PIB) sea apenas de 4 por ciento.

En la actualidad, detalló Padierna, las empresas canadienses controlan 95 por ciento de la producción de oro y plata y 97 por ciento de la de cobre. Citó al investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Carlos Alberto Durand, quien detalló en un estudio que de 2005 a 2010 las trasnacionales mineras obtuvieron 552 mil millones de pesos, por la explotación de metales, pero sólo pagaron al erario 6 mil 500 millones de pesos.

El régimen fiscal que tienen es tan laxo, señaló, que en la ley federal de derechos se establecen pagos por el número de hectáreas que tienen en concesión, y no en función del valor y volumen de su producción.

Así, tienen que pagar 5.70 pesos por hectárea durante el primer y segundo año de vigencia de la concesión y de forma progresiva hasta llegar a 124.74 pesos en el décimo primer año. Aunado a ello, las multas por incumplimiento de sus obligaciones son de la mitad de lo que pagan por hectárea y por ello violan sistemáticamente la ley y aplastan los derechos de los trabajadores mineros, añadió la senadora perredista.

Reveló que en la reciente negociación de la reforma hacendaria y la miscelánea fiscal, tanto el gobierno federal como algunos legisladores que tienen intereses en el sector, protegieron de nuevo a esos consorcios extranjeros y a los cinco o seis empresarios mineros mexicanos –entre ellos Germán Larrea, de Grupo México– al no aprobarse gravámenes mayores.

Detalló que, en la negociación, el secretario de Hacienda, Luis Videgaray, no aceptó que se estableciera un impuesto de 10 por ciento, similar al que opera en Chile, una especie de gravamen de control para aplicar en caso de abusos, entre ellos el mantener inactivas las minas.

Padierna denunció también que hubo intenso cabildeo en la Cámara de Dipoutados de representantes de Larrea, Carlos Slim, Alberto Bailleres y otros empresarios mineros mexicanos, quienes lograron que se les regresaran las deducciones de impuestos por la vía del impuesto sobre la renta. Por ello se les va a cobrar 7.5 por ciento sobre utilidades, que será deducible hasta 5 por ciento, y van a acabar pagando menos.

El senador Encinas dijo que el saqueo de recursos mineros por las trasnacionales canadienses es más cuantioso que en las épocas de la conquista y la colonia, y de ello son cómplices gobiernos priístas y panistas. Expuso que en el Senado hay varias iniciativas para una nueva ley minera.

Una de ellas la presentó él mismo y fue elaborada por organizaciones sociales que han venido denunciado las violaciones a los derechos laborales de los mineros, así como los daños a comunidades y pueblos indígenas que han provocado las corporaciones canadienses.

La iniciativa plantea que oro, plata y demás minerales extraídos sean pesados a boca de mina, y no como ocurre ahora, que se los llevan a Canadá y desde allá declaran cuántas toneladas sacaron y las utilidades, sobre las que se calculan los de por sí bajos impuestos.