Los coordinadores de PRI y PAN en el Senado, Emilio Gamboa y Jorge Luis Preciado, instruyeron a sus legisladores a que aceleren las negociaciones sobre la reforma política, a fin de que se tenga listo el proyecto de dictamen la próxima semana, aunque persisten las diferencias en torno a la creación del instituto nacional de elecciones (INE), que habrá de sustituir al Instituto Federal Electoral (IFE).

De hecho, de acuerdo con legisladores que participan en la negociación, hay resistencia de los gobernadores a que desaparezcan los institutos y los tribunales electorales locales, con el argumento de que se centralizarían las funciones en un solo órgano, además de que el costo de ellos sería cercano a 20 mil millones de pesos.

Durante las pláticas que lleva a cabo el grupo negociador, en el que participan senadores de PRI, PAN y PRD con representantes del gobierno federal, los panistas han ido cediendo en su postura original, que dejaba la realización de todos los procesos electorales, federales y locales, en manos del INE, pero siempre y cuando se quite a los gobernadores el control que ahora tienen de los órganos electorales estatales.

El INE, de acuerdo con los blanquiazules, debe encargarse de las elecciones, llevar a cabo de manera plena la fiscalización de los recursos otorgados a los partidos, mantener sus atribuciones en torno a la propaganda en radio y televisión, en lo concerniente al Registro Federal de Electores y definir el mapa electoral.

Aunque la mayoría de los senadores hicieron puente desde el jueves pasado y regresarán hasta el miércoles, los negociadores de la reforma política se van a reunir este fin de semana y el lunes próximo, para tratar de destrabar ese punto del INE.

Hay acuerdo ya en los otros puntos de esa reforma, como la relección de legisladores, acortar el periodo de transición a dos meses, a fin de que la toma de posesión del presidente electo sea en octubre y no en diciembre.

Se discute también dar autonomía a la Procuraduría General de la República (PGR), ya que el PRI, renuente en principio, aceptó, pero con la condición de que se concrete a partir de 2018, es decir, no en este sexenio. El argumento que han expresado en la mesa de negociación tanto Aurelio Nuño, jefe de la Oficina de la Presidencia, como el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, es que este gobierno llegó con otras reglas.

De concretarse la autonomía para la PGR permitirá destrabar otra reforma constitucional pendiente desde hace más de un año, por la que se crea la comisión nacional anticorrupción, que habrá de sustituir a la Secretaría de la Función Pública.

No ha habido consenso necesario para aprobarla, ya que el PAN insiste en que la fiscalía especializada contra la corrupción, responsable de la acción penal contra servidores públicos que hayan incurrido en desviación de recursos y otras corruptelas, no debe depender de la PGR.

El coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, declaró recientemente que ese punto es intransitable para su bancada, ya que la acción penal sólo la puede ejercer el Ministerio Público Federal. Sin embargo, al darle autonomía a la PGR, la fiscalía anticorrupción podría perfectamente depender de ésta, según opinión de legisladores que participan en la negociación.