egún información publicada ayer por The Wall Street Journal, el gobierno de Enrique Peña Nieto y el Partido Acción Nacional llevan a cabo negociaciones avanzadas para promover una reforma legal que permitiría al Estado mexicano compartir la producción petrolera, así como conceder contratos de licencia diseñados para acceder a depósitos de gas de esquisto y crudo en aguas profundas. El rotativo señala que dicha propuesta de reforma es más ambiciosa que la iniciativa presentada por el titular del Ejecutivo federal hace unos meses –la cual prevé la posibilidad de suscribir contratos de utilidad compartida en materia energética con particulares– y que, de ser aprobada, México pasaría de ser un mercado energético controlado por una sola entidad, la estatal Petróleos Mexicanos (Pemex), a ser un mercado basado en la competencia, donde las empresas privadas podrían explorar y producir hidrocarburos por su cuenta, bajo un contrato con el Estado mexicano.

n una acción que sorprende por tardía, el gobierno federal se decidió a dar un paso adelante en la ya larga, costosa, intentona de contener a la delincuencia organizada en Michoacán. Las autoridades al fin aceptaron intervenir con todo en Lázaro Cárdenas, el puerto que asegura a las mafias instaladas en Michoacán un poder que rebasa con mucho al que obtienen en los municipios de Tierra Caliente, donde el clima de violencia ya se ha vuelto insostenible. Según las palabras del vocero Eduardo Sánchez recogidas por este diario, la Secretaría de Marina nombrará personal de alto rango para ocupar los cargos de administrador del puerto de Lázaro Cárdenas y la capitanía, relevando de manera gradual y cíclica a la totalidad de los servidores públicos comisionados al puerto, incluida la Aduana Marítima, lo cual vino a confirmar que la sobrevivencia de las mafias no es ajena a los mecanismos de corrupción que invaden como un tumor maligno el funcionamiento de las instituciones. De ahora en adelante, reiteró el vocero, la Armada de México se hará cargo de la seguridad de mercancías y funcionarios, el Ejército de la seguridad del municipio y de la periferia, mientras que los policías federales garantizarían el transporte terrestre a través de la zona de Tierra Caliente. De inmediato, el gobierno negó que se tratara de impulsar la militarización de la acción oficial y, en cambio, destacó como el cambio más importante de la nueva estrategia la coordinación, que permite que todas las fuerzas del Estado estén actuando en un mismo sentido, bajo una misma lógica y en equipo.

oncentrado como ha estado el debate sobre la reforma energética en temas cruciales –como si es indispensable llegar al extremo de modificar artículos constitucionales o si debe acentuarse o corregirse el sesgo exportador impreso al sector petrolero mexicano–, escasa atención se ha prestado a cuestiones que se consideran, al menos por comparación, relativamente menores: si seguirá considerándose al gas combustible por excelencia para la generación eléctrica o cuál será la proporción de las importadas en el abasto nacional de gasolinas automotrices. Así, una serie de declaraciones si no insólitas, cuando menos inesperadas, de funcionarios de Pemex, vinieron a romper la monotonía. Creo recordar que a mediados de octubre alguien de la paraestatal dijo que siempre no se construiría la tan traída y llevada planta de refinación de Tula, aduciendo la existencia de capacidad global excedente. Empezaba a dudar del recuerdo de este aserto, que no lograba documentar, cuando lo confirmó un desmentido: “‘No hemos dicho que el proyecto haya sido cancelado’, dijo un vocero de la paraestatal, que habló bajo la condición del anonimato, de acuerdo con las políticas [de transparencia] de la empresa.” (La Jornada, 1º de noviembre de 2013.)

a Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual entró en plena vigencia en Argentina al declarar la Suprema Corte su constitucionalidad cuatro años después de ser aprobada por ambas cámaras del Congreso. La ley, según encuestas, tiene el apoyo de la mayoría de la población argentina y su aplicación es exigida por activistas y organizaciones que abogan por la democratización de la información. Su refrendo constitucional ha sido recibido con el mayor regocijo entre sus homólogos de América Latina y el Caribe.

l 23 de diciembre de 1983 se estrenó la versión mexicana de El vestidor de Ronald Harwood en el Teatro de los Insurgentes bajo la dirección de José Luis Ibáñez y llevando en el elenco a Ignacio López Tarso, Héctor Bonilla, Mercedes Pascual, Maricarmen Vela y Verónica Langer. Por alguna razón yo no la vi, pero pienso que tanto Ibáñez como su escenógrafo David Antón, por la cercanía con el estreno en Broadway, tuvieron muy en mente la escenificación estadunidense para llevar a cabo la suya. Ahora la repone como productor el Centro Deportivo Chapultepec, AC, en su muy cómodo y bien dotado escenario, bajo la dirección de Alberto Lomnitz y con Héctor Bonilla repitiendo obra, pero en el papel que antes hizo López Tarso, lo mismo que Verónica Langer en el rol que en esta nueva versión interpreta Andrea Riera.