El Sistema de Protección Social en Salud (SPSS) y su brazo operativo, el Seguro Popular, será sujeto de reingeniería en su funcionamiento con varios objetivos, entre ellos garantizar que el dinero destinado a la salud no se desvíe ni haya dispendio. Para ello, la Secretaría de Salud (Ssa) asumirá facultades de coordinación, vigilancia y supervisión del trabajo y uso de los recursos económicos en los estados.

La iniciativa de reforma a la Ley General de Salud, presentada por el Ejecutivo federal, plantea que las entidades federativas –mediante los regímenes estatales de protección social en salud– deberán abrir cuentas bancarias específicas donde la Federación depositará parte del dinero para la prestación de servicios médicos a los afiliados.

Otra parte de los recursos se entregará en especie, como los medicamentos, los que a partir de este año ya se compran de manera consolidada en el sector salud. El proceso para la adquisición de mil 711 claves está en curso.

Aunque el proyecto no especifica qué tipo de insumos se entregarán en especie, la exposición de motivos señala, entre los retos del sistema vigente, el desabasto de medicinas. Este es un problema que de acuerdo con información oficial alcanza niveles de 50 por ciento en algunas entidades, y auditorías han revelado las disparidades en los precios que pagan las entidades a laboratorios y distribuidores.

Con estas y otras medidas de control y vigilancia, el proyecto de reforma legal plantea revertir la descentralización vigente desde los años 90 y fortalecida a partir de la puesta en marcha del SPSS el 1º de enero de 2004. Es un esquema que ha sido cuestionado por la carencia de mecanismos de control de los recursos, los cuales aumentaron en 155 por ciento en términos absolutos entre 2000 y 2009, al pasar de 142 mil millones de pesos a más de 362 mil millones, indica la iniciativa, y agrega que, medida como porcentaje del producto interno bruto, la inversión pasó de 2.3 a 3.1 por ciento.

A causa de la falta de control sobre la utilización de los recursos, en la década pasada se presentaron casos como los de Oaxaca, Guerrero y Tabasco, donde se reportaron desvíos del dinero que había sido asignado para el Seguro Popular y sobre los cuales sólo se informó hasta que hubo consecuencias graves, como la suspensión de actividades en los hospitales tabasqueños a fines de 2012.

Ahora, el Ejecutivo tipifica el delito y propone la aplicación de penas de dos a siete años de prisión y multas de mil a 500 mil días de salario mínimo para los responsables de desvío de recursos.

El proyecto, que ya está en análisis en la Cámara de Diputados, plantea la desaparición del Consejo Nacional de Protección Social en Salud, por lo que en adelante las acciones del SPSS serán coordinadas por la Ssa y por medio del Consejo Nacional de Salud, integrado por los secretarios de salud de los estados.

La iniciativa también pretende avanzar en la portabilidad de servicios entre instituciones, pues prevé que los pagos por atención médica que proporcione alguna institución al derechohabiente de otra, los realice directamente la Federación con cargo a los depósitos en las cuentas bancarias que abrirán los regímenes estatales de protección social en salud.