al parecería que los argumentos del presidente Peña Nieto se repiten sin tomar en cuenta los resultados que esos mismos han producido en otros momentos históricos. Han pasado cerca de 20 años de cuando Carlos Salinas de Gortari planteaba las reformas estructurales cuyo eje central serían las privatizaciones y las inversiones extranjeras, con lo cual se lograría la modernización del país y, por supuesto, del crecimiento económico. De las mil 155 empresas en manos del Estado, en la administración de Miguel de la Madrid se redujeron a 743, y para 1994 Carlos Salinas dejó sólo 200 empresas. Los argumentos eran parecidos a los esgrimidos hoy día: serían más eficientes y se lograría bajar los costos de los servicios. Se reformó la Ley de Inversiones y poco a poco se fue incrementando la participación extranjera en un conjunto de actividades económicas, hasta llegar a su completa privatización, como sería el caso de los bancos en México. Hay que señalar la reforma al artículo 27 que dio lugar al fin del reparto agrario y a la privatización de los ejidos. La estrategia central de esa administración fue la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que iba a permitir que en lugar de exportar hombres exportaríamos jitomates
y era una llave para nuestra incorporación al primer mundo. La realidad fue muy distinta, pues es cierto que las inversiones extranjeras llegaron en forma sustancial a México, pero también fue el momento del mayor flujo migratorio hacia Estados Unidos.
Algunos datos son importantes para situar los supuestos beneficios de las privatizaciones y de las inversiones extranjeras en la economía mexicana, y nos daremos cuenta que de ninguna manera son la varita mágica
como se pensaba. El Inegi, por medio de la ENOE, revela que el trabajo informal se ha mantenido prácticamente en los mismos niveles desde 1995, con una población de alrededor de 27.5 por ciento respecto del total de la población y que en 2010 fue de 27.2 por ciento. En relación con la calidad de los empleos, cerca de 48 por ciento de los trabajadores subordinados y remunerados no tenían un contrato escrito en 1995 y para el año 2010 se mantiene casi igual, 47 por ciento. La OCDE señala que el salario mínimo real por hora se ha reducido, pasando de un dólar por hora en 1996 a 0.6 dólares por hora en 2012. En cuanto a la pobreza, el Coneval afirma que la pobreza alimentaria, por capacidades y patrimonial se incrementó entre 1992 y 2012 en 1.7, 1.6 y 0.8 por ciento, respectivamente. En torno al sector agrícola, que fue uno de los sectores más afectados por el TLCAN, de acuerdo con los datos del Banco Mundial, la participación del sector agropecuario sobre el PIB nacional se redujo casi a la mitad, pasando de contribuir con 6.3 por ciento del PIB en 1993 a sólo 3.6 en 2012. Lo cual permite comprender por qué la balanza comercial del sector agrícola tiene una tendencia decreciente, ya que las importaciones de productos agropecuarios se han incrementado considerablemente, pasando de 227.2 millones de dólares en 1993 a mil 102 millones de dólares en 2012, de acuerdo con cifras del Inegi. En cuanto al sector industrial, se ha favorecido más una política maquiladora, incrementándose de mil 703 establecimientos maquiladores en 1990 hasta llegar a 2 mil 879 en 2007. El problema de este tipo de industrias es que no generan encadenamientos con el resto de la economía, ya que se integran a las cadenas internacionales de producción y no son la forma para desarrollar al país. Si bien se les ensalza por ser altamente generadoras de empleo, la realidad es que, de acuerdo con el Banco Mundial, la proporción empleada en el sector industrial se ha incrementado muy poco, al pasar de 22 por ciento a 25.5 por ciento del total de la población empleada en ese sector entre 1992 y 2010.
A pesar de estos datos, en la presente administración vuelve a ponerse el énfasis en la inversión privada extranjera que permitirá al país modernizarse y lograr el crecimiento económico. Parece que ha llegado el momento de privatizar lo que todavía en el periodo de Salinas de Gortari era responsabilidad del Estado: el petróleo y la electricidad, por más que los funcionarios actuales insistan en que eso no es privatizar, y son los mismos argumentos: la modernización del país y el desarrollo económico
. Serían los últimos sectores en los que el Estado es soberano, lo demás ya está en manos extranjeras.
Sin embargo, esto es preocupante, pues el momento es muy distinto al de Salinas de Gortari. Los enormes flujos migratorios que se produjeron fueron una válvula de escape a los descontentos sociales que se generaban ante los problemas económicos originados por ese proyecto privatizador, pero Estados Unidos estaba en un momento de extraordinario crecimiento económico, por lo que requería trabajadores migrantes. Sin embargo, en estos momentos ese país no acaba de despegar y por tanto los flujos migratorios se han reducido sustancialmente, algunos hablan de migración cero
, y las remesas, que son un pilar de la economía, ahora están disminuyendo. Por tanto, no resulta extraño que los conflictos sociales internos estén en ebullición. Lamentablemente así seguirán en tanto no se comprenda que el proyecto neoliberal está basado en la venta del país
(como diría Óscar Chávez) y este es un camino inaceptable.
