Casi como trámite, sin la presencia de ninguno de los ocho consejeros electorales que optaron por hacerle el vacío y minimizar el hecho, después de siete años, el Instituto Federal Electoral (IFE) inició ayer el proceso de destrucción de boletas de las elecciones de 2006. Más de mil 900 toneladas de papeletas y otros materiales que la empresa Biopapel convertirá en material triturado a cambio de un pago al instituto de 3.5 millones de pesos.

El secretario ejecutivo del IFE, Edmundo Jacobo Molina, fue el responsable de encabezar el acto en una bodega arrendada en Tepozotlán, estado de México, quien destacó que el prolongado proceso litigioso implicó que el Estado mexicano gastara más de mil 300 millones de pesos en su almacenamiento y resguardo militar, en su mayoría absorbidos por la Secretaría de la Defensa Nacional, que gastó más de mil 100 millones de pesos.

Entrevistado al respecto, Jacobo Molina destacó que en ese largo litigio el IFE siempre mantuvo la postura de respetar los derechos de quienes estaban inconformes y querían acceder a las boletas. Explicó que el instituto respetó plenamente todos los litigios ante instancias nacionales, como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, e internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Sin embargo, destacó, tras la experiencia en aquellos comicios, difícilmente se repetirá esta situación porque derivó en reformas electorales que favorecieron mayor transparencia en los cómputos distritales.

A diferencia de otros actos de destrucción de boletas, esta vez los consejeros optaron por desdeñar el acto, con la lógica de darle un bajo perfil y evitar vincularlo con otras movilizaciones sociales, debido al polémico origen de esta destrucción. Con ello, finalmente el IFE comenzará a desembarazarse de uno de los temas que más ha sido cuestionado en su historia: la elección de 2006.

Durante la ceremonia, el director ejecutivo de Organización Electoral, Miguel Ángel Solís, quien fungía como tal en aquellos comicios, describió la complicada tarea de preservar los materiales durante siete años, donde tuvieron que enfrentar sismos, inundaciones y ciclones, adoptando las medidas de seguridad pertinentes para preservar los materiales por ese lapso.

Cuando se define el tipo de papel y los materiales que se van a usar en el proceso electoral nunca se piensa en que deben mantenerse útiles durante siete años, porque la propia legislación obliga a que inmediatamente que concluye el proceso, se deben destruir.

Durante el acto se hizo pública la forma en que personal de la dirección ejecutiva de Organización Electoral extraerá los materiales de 3 mil 623 paquetes electorales, que será la muestra para realizar un estudio sobre la participación ciudadana y la capacitación. De hecho, este martes comenzará la destrucción.