El Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano disciplinario y administrativo del Poder Judicial Federal (PJF), pidió 47 mil 199 millones de pesos para su presupuesto de 2014, lo que representa un aumento de 19 por ciento respecto de lo solicitado para el presente año, según consta en el escrito de proyección presupuestal entregado a la Cámara de Diputados.

La petición estuvo sustentada en la necesidad urgente del PJF de realizar los cambios necesarios en materia de infraestructura para comenzar a implementar el nuevo sistema de justicia penal de junio de 2008, que incluye los juicios orales, pues, por ejemplo, se deben adquirir inmuebles y enseres que serán utilizados para operar los nuevos Centros de Justicia Penal Federal, donde se instalarán salas de juicio oral.

Los referidos Centros de Justicia Penal Federal implicarán la designación de juzgadores expertos en las distintas fases del nuevo procedimiento y la contratación de personal de carácter jurisdiccional y administrativo calificado, así como de infraestructura y sistemas especializados en la materia, explicó la Judicatura en su escrito presentado a los legisladores.

Además, el CJF mencionó que existe alto rezago en la atención de los expedientes judiciales, debido a la tasa de acumulación de asuntos en los tribunales, que ya alcanzó 125 por ciento, pues se estima que el presente año cerrará en un millón 227 mil asuntos pendientes de resolver en algún juzgado o tribunal federal.

Sobrecarga creciente de demandas

De su lado, fuentes del PJF estimaron que la implementación de la reforma de justicia penal a escala federal requiere de unos 5 mil 877 millones de pesos, que servirían también para crear 42 nuevos tribunales y juzgados que enfrenten la sobrecarga creciente de demandas en diversas materias.

Añadieron que casi 40 mil millones de pesos serían destinados para los gastos corrientes de salarios, servicios, obras y mantenimiento.

Durante 2014, el CJF deberá utilizar buena parte de su presupuesto para tener listos los denominados Plenos de Circuito, figura contemplada en la nueva Ley de Amparo, con la que se busca que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no tenga que intervenir cada vez que dos tribunales colegiados de circuito sostengan criterios opuestos sobre el mismo tema.

Los Plenos de Circuito reunirán a un magistrado de cada tribunal colegiado del circuito en cuestión –el país está dividido en 32– que sesionarán por lo menos una vez al mes en locales que aún no se han definido, en sesiones públicas y videograbadas, para resolver las contradicciones entre los tribunales del mismo circuito y fijar el criterio que regirá a futuro.

Intervención de ministros

Desde la reforma judicial de 1995, la Corte ha tenido que revisar más de 7 mil contradicciones de tesis entre tribunales colegiados, que están en todo el país y resuelven como última instancia la gran mayoría de los litigios.

Los Plenos de Circuito, sin embargo, no liberan a la SCJN de toda la carga, pues los ministros tendrán que seguir interviniendo cuando se presenten contradicciones entre dichos plenos, o entre tribunales colegiados de distintos circuitos, además de que también llegan a darse contradicciones entre las dos salas de la propia Corte.