e acuerdo con su propia definición, el objetivo de la reforma fiscal recién presentada en sociedad por el inquilino de Los Pinos es establecer un sistema hacendario más justo, basado en un elemental principio de equidad, que no afecte a los que menos tienen y que paguen más los que ganan más.

En el discurso lo anterior no se oye nada mal, pero ya en el detalle surge el primer inconveniente: todo aquel que obtenga un ingreso anualizado de 500 mil pesos en adelante deberá pagar 32 por ciento de impuesto sobre la renta (ISR); de cada peso que gane, 32 centavos terminarán en las arcas federales, y con ese mismo rasero deberán pagar sus obligaciones fiscales desde un profesionista, asalariado o micro, pequeño y mediano empresarios hasta magnates como Carlos Slim, Alberto Bailleres, Germán Larrea o Emilio Azcárraga, lo cual, a todas luces constituye un primer elemento de total inequidad (sin considerar que los multimillonarios Forbes conservan no pocos privilegios a la hora de saludar al SAT, como la condonación de impuestos, para no ir más lejos).

Cierto es que en México muy pocos registran un ingreso anual de tal magnitud: 60 por ciento de los ocupados ganan entre cero y 70 mil 80 pesos como máximo (hasta tres salarios mínimos del Distrito Federal); 15 por ciento entre esta última cantidad y 116 mil 800 (entre tres y cinco mini salarios) y sólo 7.5 por ciento por arriba de esta última cantidad (de cinco salarios mínimos en adelante, aunque la mayoría de los casos tampoco entra en el esquema de 32 por ciento por no alcanzar los 500 mil pesos anuales). Paralelamente, 8 por ciento de la población ocupada no recibe ingreso alguno (la diferencia porcentual corresponde al número de patrones).

Así, sólo aquellos que obtengan un ingreso anualizado mayor al equivalente de 21.4 salarios mínimos diarios del Distrito Federal (mil 370 pesos por día en adelante por los 365 días del año) habrán ganado la rifa del tigre, es decir, el privilegio de pagar una tasa de 32 por ciento de ISR. Bien, son los que más ganan, pero en esta República súper concentrada hay de ingresos a ingresos, y aquí sería obligado aplicar la escalera fiscal, la que al parecer no está considerada en la propuesta peñanietista.

Sólo para medir la dimensión de la profunda inequidad de la citada propuesta vale mencionar que pagarán el mismo 32 por ciento de ISR, por ejemplo, un profesionista con un ingreso diario de mil 370 pesos que un megaempresario como Carlos Slim, quien –de acuerdo con las cifras de Forbes– en 2012 obtuvo ingresos por casi 6 millones de pesos por hora (léase cada 60 minutos, para que no quede duda).

En el mismo esquema, un asalariado (que esté en nómina, pues) con un ingreso diario de mil 370 pesos o más estará obligado a pagar dicha proporción, al igual que el empresario totalmente Palacio Alberto Bailleres, quien el año pasado obtuvo un ingreso de 2.5 millones de pesos por hora. Hágase el mismo ejercicio con el que usted considere y compárelo con Germán Larrea (el de Pasta de Conchos) que en igual periodo obtuvo un ingreso de 3.7 millones de pesos por hora, o con Emilio Azcárraga (el de la fábrica de sueños) que apenas registró 754 mil pesos por hora.

Todo ello sin considerar que ni el profesionista ni el asalariado tienen acceso los privilegios fiscales que mantienen Slim, Bailleres, Larrea o Azcárraga (por citar algunos cuantos). Obvio es que la diferencia es abismal y, por lo mismo, la propuesta de Enrique Peña Nieto en los hechos resulta inversamente proporcional al discurso. Entonces, si la idea es formalizar a quienes informalmente obtienen ingresos anuales de 500 mil pesos en adelante (amén de que les reduce enormemente las deducciones), todo apunta que el esquema del inquilino de Los Pinos lejos de ser efectiva tendrá una respuesta contraria, cuando menos en este renglón.

No es novedad que los acostumbrados parches fiscales instrumentados por el gobierno en turno se recarguen en la clase media (la real, no la de Juguetes Mi Alegría cacareada por Ernesto Cordero y sus orgánicos, es decir aquella de los 6 mil pesos mensuales con crédito para vivienda, auto y escuela particular) y en los causantes cautivos, pero al de Peña Nieto se le pasó la mano, por mucho que del mapa fiscal ofrezca borrar el IETU, un abusivo invento calderonista que obligó a los causantes a pagar dos veces por el mismo ingreso durante seis años (a partir del primero de enero de 2008 al 31 de diciembre de 2013).

Bien por abstenerse de aplicar el impuesto al valor agregado a medicinas y alimentos, pero donde de plano es inentendible la intención gubernamental es en aquello de cobrar IVA a colegiaturas e hipotecas. ¿Dónde quedó el fomento a la educación y a la vivienda? Quienes pagan porque sus hijos asistan a escuelas privadas no realizan un gasto suntuario, como tampoco los que se endeudan para tener un techo y terminan pagando 20 años después. No es capricho ni lujo. Ahora bien, si las finanzas paternas de plano no aguantan el IVA en colegiaturas de escuelas privadas, porque de por sí las mensualidades son bastante onerosas, ¿el sistema de educación pública tendría capacidad de asimilar, de sopetón, un ejército de alumnos (de los 4.5 millones que existen) que estudian en esas instituciones privadas que ahora cargarían el citado impuesto? Lo mismo con el crédito a la vivienda: ¿Infonavit aguantaría el ritmo? Aquí también se mancharon.

En la propuesta social, Enrique Peña Nieto propone la creación del seguro de desempleo, una demanda de muchos años atrás. Por fin se pone a consideración del Congreso, pero… tal cobertura sólo sería para aquellos trabajadores del sector formal de la economía, con un mínimo de dos años en la plaza laboral. ¿Qué pasará con los –hasta ahora– 2.6 millones de desocupados oficialmente reconocidos? ¿Y qué con los casi 30 millones de informales? Simplemente, ni lo ve ni los oye.

Las rebanadas del pastel

Si de megaempresarios se trata, allí está Carlos Slim, dueño de Frisco, quien semanas atrás dio por felizmente zanjada la diferencia con el sindicato nacional minero en la mina El Coronel, Zacatecas, pero lo que no sabe o no quiere decir es que sus empleados de confianza en aquella zona productiva cabildean febrilmente a favor de la CROC para evitar que el recuento de la próxima semana (un derecho de los trabajadores, y sólo de ellos, para decidir quién los representa) sea, como todo apunta, favorable para la organización que dirige Napoleón Gómez Urrutia. Así que manos fuera del proceso para que la fiesta se mantenga en paz.

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