on el primer cuadro del Distrito Federal repleto de opositores a sus modificaciones legales devastadoras, el régimen formalmente encabezado por Enrique Peña Nieto presentó el domingo pasado una más: la hacendaria. La reforma laboral para el sector educativo tiene a decenas de miles de maestros movilizados en todo el país, y a muchos de ellos en campamento en el Zócalo capitalino.
Con toda la razón del mundo, por supuesto: para cualquier gremio resulta inaceptable que le mutilen de un plumazo derechos históricos y garantías laborales y, para colmo, que lo responsabilicen de un fracaso que tiene sus causas reales en la política de desmantelamiento y pillaje de lo público practicada por esa misma gente del poder que ahora pretende quitarle la seguridad en el empleo y la jubilación. Asimismo, los maestros conscientes del país luchan por preservar la obligación del Estado de garantizar la enseñanza universal, una obligación descaradamente afectada con la pretensión de transferir a los padres de familia el deber de administrar (y de sufragar en parte) las escuelas.
Por su parte, el empecinamiento en traspasar a la empresa privada el único negocio rentable que le queda al Estado, que es el de la industria petrolera, ha dado lugar a expresiones de protesta como la marcha por el Paseo de la Reforma que encabezó Cuauhtémoc Cárdenas el pasado 31 de agosto y la concentración que organizó antier el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) en diversas ciudades del país, con epicentro en la avenida Juárez, y en la que Andrés Manuel López Obrador definió la línea de resistencia al pretendido saqueo peñista: la movilización popular pacífica, única forma de detener la privatización de la industria petrolera, habida cuenta que el régimen cuenta, para imponerla, con la mayoría absoluta que conforman en las cámaras sus legisladores priístas, panistas y perredistas.
Con este telón de fondo de descontento social es probable que el gobierno oligárquico haya juzgado prudente optar, a última hora, por presentar una variante de su propuesta de reforma fiscal desprovista del componente de IVA a alimentos y medicinas, una medida claramente provocadora e incendiaria. También es posible que haya leído mal la decisión del Morena de mover el sitio previsto de su concentración del Zócalo a un costado de la Alameda, ante la imposibilidad física de hacer coincidir en la plaza principal de la República a decenas de miles de asistentes al acto con el campamento de los maestros afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE). Dos reformas distintas, dos descontentos diferentes
, pudieron haber interpretado los estrategas del régimen, y concluido que las modificaciones legales del peñato tenían la capacidad de impulsar una fuerza centrífuga a los malestares sociales.
Lo cierto es que la iniciativa de modificaciones legales en el tema hacendario, en la versión que finalmente fue presentada, constituye un tiro de escopeta contra diversos sectores de la sociedad, todos los cuales tendrán ahora sobrados motivos para el descontento: las clases medias, por la imposición del IVA en adquisición de vivienda y colegiaturas; los empresarios, por la eliminación del régimen de consolidación fiscal y el gravamen sobre operaciones bursátiles y dividendos; la población en general, por el impuesto especial a combustibles y el incremento al ISR.
Con esas medidas se pretende, por lo demás, recaudar 240 mil millones de pesos que no necesariamente bastarían para tapar el hueco de los miles de millones de dólares que perdería el Estado al transferir parte de las ganancias petroleras a las corporaciones energéticas privadas. ¿Qué hacer, entonces? Pues endeudar más al país: financiar el desbalance, todo o en parte, mediante un déficit fiscal progresivo.
En suma, la iniciativa hacendaria es la culminación de un paquete de reformas que, en su vertiente política, busca sembrar en el país inconformidades confrontadas, desorientar a la sociedad con la maraña de menudencias legales y provocar un estado de ánimo de sálvese quien pueda
, a fin de atomizar los descontentos; enturbiar el río para maximizar la pesca –es decir, incrementar los márgenes de discrecionalidad y opacidad– de los operadores y logreros de la administración pública.
Tal vez se trate, sin embargo, de una táctica desesperada disfrazada de audacia reformadora. Hace décadas que el régimen chapotea en sus propias ineficiencias, contradicciones y corruptelas y sus renovaciones sucesivas electorales, con o sin fraude, no han logrado más que erosionar la legitimidad y la autoridad institucional. Y en una de ésas, el conjunto de reformas del peñato consigue unificar al país, pero en contra del régimen.
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