La iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto sobre extinción de dominio y lavado de dinero socavaría las libertades de expresión y manifestación, y se le daría un uso faccioso para la fabricación de pruebas y filtraciones en actos pacíficos.

Roberto López Suárez (PRD), de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, dijo que será complicado el análisis y dictaminación de la iniciativa del Ejecutivo, porque la cláusula de que las manifestaciones no serán consideradas actos de terrorismo se vuelve nugatoria, pues se deja abierta la puerta para perseguir los ataques contra bienes de las personas, lo que podría usarse de pretexto para un uso faccioso de la justicia en la fabricación de pruebas, y filtraciones de grupos de choque en actos pacíficos.

Es decir, a quien participe en cualquier manifestación pacífica, como la del primero de diciembre, se le puede catalogar de terrorista. Esto va mucho más allá de los actos jurídicos que afectan los bienes de las personas, según se advierte en el artículo 139 del Código Penal Federal vigente. Creo que esta iniciativa continúa con el lenguaje político del calderonismo, porque los tipos penales que se plantean endurecen cualquier posición relativa a la libertad de expresión, y cataloga cualquier manifestación, a juicio de la autoridad, de acto de terrorismo.