A pesar de que México ya ocupa el segundo lugar en el mundo en pornografía infantil y el quinto en explotación sexual, sigue sin aprobarse el reglamento de la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas aprobada hace un año, destacaron Patricia Caso, presidenta de la Fundación Camino a Casa, y María Elena Pérez, de Comunidades de Solidaridad.

También integrantes del consejo consultivo y social del Instituto Nacional de las Mujeres, expresaron a La Jornada su preocupación porque mientras no se emita el reglamento no habrá instituciones responsables ni acciones claras para erradicar este delito, que afecta a más 80 mil personas, entre ellas casi 20 mil menores de edad.

El reglamento debe determinar claramente las responsabilidades de las secretarías e instituciones gubernamentales; sin éste, se echan la bolita a tal grado que tenemos casos de delincuentes que aun siendo consignados al final del día son liberados porque las autoridades se deslindan.

Este ilícito, indicaron, se ha convertido en el segundo más redituable después de la venta de drogas y armas, ya que produce aproximadamente 9 mil 500 millones de dólares anuales. A una joven la pueden vender en varias ocasiones en un día y obtener hasta 6 mil pesos diarios.

Patricia Caso comentó que debido a la impunidad, ese delito crece cada día más en perjuicio de niños, niñas, jóvenes e incluso adultos, mexicanos y extranjeros, como es el caso de los migrantes centroamericanos, pero también hay trata de mujeres europeas.

En el país, advirtió, sólo siete entidades han enfrentado de manera formal la trata de personas, entre ellos los estados de México, Chiapas, Oaxaca y Quintana Roo, así como el Distrito Federal.

Lamentablemente, indicó, la trata de personas es solapada y propiciada por las propias autoridades: policías, agentes del Ministerio Públicos, jueces y funcionarios de todos los niveles.

La explotación, comercio y turismo sexual también es favorecida por hermanos, padres, tíos y cualquier hombre que, sin importarle lo que hay detrás de ese delito, paga fuertes sumas por jóvenes y niñas.

La presidenta de Fundación Camino a Casa, que atiende casos de mujeres que han sido rescatadas, detalló que los proxenetas escogen a víctimas vulnerables, jóvenes pobres, aunque ya abarcan otros estratos sociales. Las enamoran y prometen que tendrán un matrimonio feliz. “Incluso engañan a los padres, ante quienes se presentan bien vestidos, con automóvil, y se hacen pasar por constructores y propietarios de inmuebles; los padrotes tienen un modus operandi y un andamiaje que permite cercar a las chicas”. Los casos aumentaron con el uso de Internet y las redes sociales.

Ambas lamentaron la falta de respuesta del secretario de Gobernación a su petición de sostener una reunión con las integrantes del consejo de Inmujeres para abordar el tema, y la falta del reglamento para la Alerta de género y para la operación de la Alerta Amber, sistema de notificación de menores de edad desaparecidos.