Saltillo, Coah., 6 de junio.

En el Estado mexicano ‘‘no existen impedimentos técnicos ni legales para empezar a investigar, buscar y encontrar a personas desaparecidas’’, sostiene Ana María Delgadillo, abogada del equipo argentino de antropología forense que trabaja en casos de migrantes centroamericanos y de feminicidios en Chihuahua, representante de la Fundación para la Justicia y el Estado de Derecho.

A familiares de desaparecidos procedentes de media docena de estados que asisten al Foro Internacional sobre Desapariciones Forzosas, les asegura: ‘‘No crean cuando las autoridades les dicen que no hay dinero ni policías suficientes. Tenemos todo: los recursos necesarios, si se saben colocar donde se debe; algunos servidores públicos y policías capaces; un cuerpo de leyes muy rico. Lo único que falta es la voluntad política para echarlo a andar’’.

Ayer, durante la segunda jornada organizada por Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos de México y Coahuila (Fundem/Fundec) se habló de la experiencia de activistas en el norte de México, de la lucha de las familias colombianas por encontrar a sus desaparecidos, del megaproceso judicial contra el ex presidente peruano Alberto Fujimori y todo su aparato de gobierno –caso emblemático y exitoso de lucha anticorrupción– y de los protocolos que el Comité Internacional de la Cruz Roja está dispuesto a compartir con autoridades y ONG mexicanas.

También se escuchó la propuesta de la hondureña Marcia Martínez, representante del Comité de Familiares de Migrantes de Progreso Yoro (Cofamipro), quien demandó que en el análisis y definición de los desparecidos en México se reconozca la situación de los migrantes centroamericanos, los más vulnerables en esa cadena de delitos. Pidió que se tomen medidas regionales para la localización de los ausentes, que comprendan a los países de origen (mayoritariamente Honduras, El Salvador y Guatemala) y el país de destino: Estados Unidos.

Yanette Bautista buscó a su hermana Nydia Érika, desaparecida en Bogotá, Colombia, desde 1987, hasta que finalmente le entregaron restos debidamente identificados en 2003. Durante ese esfuerzo de búsqueda, que duró casi 20 años, sufrió amenazas, persecución y exilio. Pero adquirió experiencias y saberes que ahora le permiten desarrollar en su país las Escuelas de Liderazgo de las Mujeres Víctimas. Ha asesorado e impulsado organizaciones de localización de personas desaparecidas en diversos lugares del mundo. También lo ha hecho en el norte de México.

La dirigente de la Fundación Nydia Érika Bautista refirió cómo a pesar de la lucha de los organismos humanitarios en Colombia tardaron 14 años para conseguir que su gobierno reconociera legalmente la tipificación del delito de desaparición forzada, si bien no lograron que se definiera como un crimen de Estado.

Describió las fortalezas y debilidades de la legislación que logró construirse en su país. Por ejemplo, un registro nacional unificado (que México aún no tiene) de personas desaparecidas. Existen mecanismos de búsqueda urgente que son débiles por falta de investigaciones científicas y efectivas. 

Se consiguió una ‘‘ley de fosas’’, que permite el resguardo de sitios donde hay tumbas clandestinas, donde se preservan los restos e indicios mientras se realizan las investigaciones y donde, una vez identificada la persona y los culpables de su ejecución extrajudicial, se coloca una placa con las palabras ‘‘Nunca más’’ y los nombres de los victimarios.

De Perú, Antonio Maldonado, ex procurador ad hoc en el caso del ex presidente Fujimori, habló del ‘‘modelo peruano’’ que se derivó de ese histórico proceso, cuando se logró extraditar, investigar, enjuiciar y sancionar ‘‘a un presidente que decidió convertirse en un dictador autócrata’’. Recordó cómo ante la presencia de Sendero Luminoso, Fujimori militarizó al país entre 1983 y 1986, y desató el conflicto más violento e intenso conocido en esa nación, con al menos 70 mil víctimas reconocidas por la comisión de la verdad. Además, él y sus allegados extrajeron de las arcas públicas 8 mil millones de dólares.